Bachelet y el nuevo ciclo político

Publicado por Claudio Fuentes el Lunes, 10 de marzo de 2014 en Columnas.

 

 

 

 

 

 

Claudio Fuentes

*Publicada el 9 de marzo de 2014 en La Tercera

La llegada de Bachelet al poder nos advierte de un nuevo ciclo político y social; uno donde se explicitarán diferencias marcadas entre los agentes políticos: para unos la institucionalidad actual es la mejor garantía de estabilidad y desarrollo. Para otros, es precisamente el actual estado de las reglas del juego lo que está provocando una crisis de legitimidad.

Suele señalarse que el desafío principal del gobierno de Michelle Bachelet será reformar la educación o establecer una nueva Constitución. Sostengo que la aprobación de ciertas reformas no es lo que está en juego aquí. Su desafío principal será algo mucho más ambicioso: lograr articular un nuevo proyecto político progresista que supere a su propia administración y que inaugure un nuevo momento político nacional.

El proyecto concertacionista de recuperación democrática fue exitoso, pero cumplió un ciclo cuando se eliminaron un significativo número de enclaves autoritarios en 2005. Sin embargo, en ese proyecto nunca se planteó la revisión de los fundamentos del modelo político-social heredado. Se trató de un proyecto reformista y no refundacional. La lógica de acuerdos top-down marcó a una generación que intentó cambiar las cosas en la medida de lo posible. Otra forma de propiciar un cambio arriesgaría la estabilidad y gobernabilidad de una transición impuesta por los militares.

Sebastián Piñera también llegó al poder con la intención de proyectar un legado más allá de su gobierno. Buscó sentar las bases de lo que sería una “nueva derecha”, moderna, liberal, abierta, pluralista. Paradójicamente, no fue el triunfo de Piñera, sino la estrepitosa derrota de la derecha en las pasadas elecciones lo que incentivó un debate interno sobre la materialización de esta nueva derecha.

El nuevo triunfo de Bachelet no puede ser entendido como un proyecto de continuidad de su primer gobierno, porque las condiciones políticas son distintas. Así, su programa alude a cambiar las reglas del juego que tenemos. Independiente de que se alcance este cambio en los próximos cuatro años, el tono de la discusión es radicalmente distinto. El debate retornó al origen del modelo. Por primera vez desde el restablecimiento de la democracia se señaló que se necesitaban nuevas reglas de convivencia democrática. De hecho, el programa plantea explícitamente que las actuales reglas del juego “constituyen un freno al desarrollo del país y a su gobernabilidad”.

Pero, además, se trata del primer gobierno desde el regreso de la democracia que cuenta con una mayoría considerable en ambas cámaras para avanzar reformas importantes. Un significativo número de materias podría ser aprobado sin el concurso de la oposición y aquello implica un vuelco de lo que había sido la política hasta hoy.

Finalmente, como nunca antes desde 1990, existe un nutrido número de actores sociales dispuestos a controlar el ejercicio del poder. Organizaciones sociales, think tanks, medios de comunicación, ONG, monitorean en forma constante cada voto y decisión pública, transformando el espacio público en un ejercicio muchísimo más deliberativo y democrático que hace cinco o 10 años.

La llegada de Bachelet al poder nos advierte de un nuevo ciclo político y social; uno donde se explicitarán diferencias marcadas entre los agentes políticos: para unos la institucionalidad actual es la mejor garantía de estabilidad y desarrollo. Para otros, es precisamente el actual estado de las reglas del juego lo que está provocando una crisis de legitimidad.

En este marco, el desafío de Bachelet será estructurar un derrotero ideológico para el progresismo. Así como la derecha buscará en los próximos años afinar su propia identidad, seguramente basada en la libertad y el emprendimiento individual; así, también, las fuerzas progresistas deberán identificar cuál será el modelo de sociedad que desean impulsar. Porque la discusión ya no será entre autoflagelantes y autocomplacientes. Ahora, la discusión en la centroizquierda se referirá a los fundamentos que deberían ordenar el mentado nuevo pacto político-social.

La comunidad imaginada que se dibuja en su programa nos da indicios del debate que se avecina. Los tres principios definidos allí son libertad, igualdad y solidaridad. La interrogante es qué principio predominará en los debates sobre Constitución, educación, salud, o participación social. Ahora bien, para el progresismo, los valores de la solidaridad e igualdad social se anteponen al de la libertad individual, ordenando de este modo las prioridades del gobierno.

Demos algunos ejemplos. El principio de igualdad ante la ley incentivará proponer medidas de acción afirmativa para terminar con discriminaciones arbitrarias por sexo, condición social, u origen étnico. Mientras los “liberales-conservadores” resistirán políticas de acción afirmativa, los “progresistas” insistirán que la competencia es una quimera en una realidad tan desigual como la chilena. Así, no sólo promoverán la igualdad de competencia entre hombres y mujeres, sino que propiciarán medidas para obtener paridad en los cargos de representación popular, como lo anuncia el programa.

Los progresistas buscarán establecer límites a la propiedad, dado que ella también cumple una función social. Insistirán en el dominio público absoluto e inalienable de los recursos hídricos, mineros y del espectro radioeléctrico. También buscarán propiciar el reconocimiento de los pueblos originarios como grupos que tienen identidad y cultura propia. Se buscará reconocer sus derechos colectivos y de autogobierno.

Podríamos continuar ilustrando este debate. Pero en definitiva, lo que está en juego con la inauguración de este nuevo gobierno es la disputa entre dos modelos de sociedad: uno que promueve la igualdad y solidaridad social como prerrequisito para la libertad (el modelo progresista), y otro que promueve la libertad individual como condición para la igualdad (el modelo “liberal-conservador”).

Un país solidario implica más Estado, cargas impositivas progresivas, aceptación de la diversidad y preocupación por los desventajados. Evaluaremos a Bachelet en su capacidad de proyectar más allá de su administración, este ideal progresista. Nada más y nada menos.

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