Bachelet y la participación ciudadana

Publicado por Claudio Fuentes el Lunes, 10 de marzo de 2014 en Columnas.

 

 

 

 

 

 

Claudio Fuentes

Publicada el 10 de marzo de 2014 en Diario Financiero

Desde el año 2006 que Chile experimenta un incremento significativo en los niveles de protesta social. ¿Fueron las manifestaciones fruto de un descontento circunstancial con el gobierno de la Alianza, o bien, obedece a una tendencia más sistémica? El triunfo de la Nueva Mayoría abre esperanzas que se reducirán los niveles de conflicto social. La mayor “sensibilidad” de la centro-izquierda con las demandas ciudadanas justificarían ese argumento. Sin embargo, existen otros indicios que demuestran que este descontento no se aquietará.

El aprendizaje social alcanzado muestra una mayor voluntad ciudadana de demandar derechos. Asimismo, en los últimos cinco años se advierte un considerable descenso en la confianza social hacia un gran número de instituciones. Existe una generalizada percepción que el sistema beneficia solo a unos pocos, y en términos comparados con América Latina, la satisfacción con la democracia en Chile es baja.

Lo anterior no responde a una coyuntura. Desde el punto de vista de la ciudadanía, se advierte un sistema político distante, que no resuelve los problemas de la gente común y corriente, que no escucha las demandas sociales. Aunque se confía en la presidenta electa, recientes estudios de opinión muestran que no se cree que las reformas prometidas puedan llegar a ser aprobadas  y menos  implementadas.

Así las cosas, es muy probable que el gobierno que se inaugura enfrente presiones ciudadanas tal como ha venido sucediendo. Las regiones, indígenas, estudiantes, profesores, trabajadores de la salud, sindicatos, medioambientalistas, y otros actores sociales muy probablemente continuarán protestando porque para ellos la calle es un instrumento eficiente para obtener resultados en un sistema político que no ha dado respuestas a sus demandas.

Y ese es precisamente el desafío de Michelle Bachelet. ¿Podrá ensayar o institucionalizar mecanismos de participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones?, ¿cómo canalizar demandas incorporando actores sociales y utilizando también mecanismos de toma de decisión que están deslegitimados (el Congreso Nacional)?Pensemos en dos ejemplos. Desde la aprobación del Convenio 169 de consulta a pueblos indígenas en 2008, se han intentado sin éxito diferentes formas de reglamentar el proceso de consulta previa. Bachelet enfrentará el desafío de materializar un mecanismo de consulta que sea percibido como legítimo por los actores sociales y que permita viabilizar proyectos de inversión minera, forestal y de energía.

El segundo ámbito es la educación. La experiencia de incorporación de estudiantes a la Comisión de Educación luego de las protestas de 2006 fue fallido en la medida en que percibieron que sus demandas no fueron incorporadas. Hoy el movimiento estudiantil no solo demanda reformas, sino que también participar de la elaboración de nuevas propuestas.

La incorporación de la participación ciudadana en la agenda política involucra un gobierno capaz de escuchar, capaz de generar espacios de deliberación, y capaz de involucrarse en un diálogo genuino que, al involucrar a actores sociales, incrementa la legitimidad de las decisiones.

Desde la perspectiva de las políticas públicas, este tipo de experiencias reducirán la incertidumbre sobre los acuerdos alcanzados, y permitirán políticas más estables y duraderas. El desafío no es otro que democratizar la democracia.

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