Columnas

26 de mayo de 2015

Bienvenidos al proceso constituyente

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Por Claudio Fuentes
Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.

Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.

Ya los actores están moviendo piezas, definiendo contenidos y elaborando estrategias. El proceso constituyente ya comenzó.

No sabemos si fue por accidente o a propósito, pero los anuncios de la Presidenta Bachelet sobre el proceso constituyente de hecho ya provocaron su partida. Los actores rápidamente han tomado posiciones y se alistan argumentos, estrategias y alternativas de cara a lo que será una de las luchas políticas más encomiables que recuerde la historia política republicana.

La Presidenta ha realizado tres movimientos: dijo que se requiere una nueva constitución; dijo que en septiembre se iniciaría el proceso constituyente participativo; y dijo que se requería un acuerdo político amplio. Estos gestos parecen tímidos, notoriamente insuficientes para quienes hemos defendido la idea de una asamblea constituyente. Sin embargo, estos tres pasos son cruciales en un contexto donde no existe un acuerdo intra-coalición sobre el camino que debe recorrerse y donde las vías institucionales son limitadas. Bachelet no ha hecho otra cosa que generar condiciones para abrir y resolver el problema constitucional.

Partamos por señalar que la élite está dividida en este asunto. Un primer grupo plantea que lisa y llanamente no se requiere una nueva Constitución (UDI). Un segundo segmento quiere resolver el tema siempre y cuando sea en el Congreso Nacional donde se escriba el nuevo texto (aquí ubicamos a parte de RN, parte de la DC y hasta parte del PS). Finalmente, el tercer segmento de los asambleistas plantea la idea de convocar a un plebiscito y que sea la ciudadanía la que dirima el camino que se tomará (algunos liberales, algunos DC, el PRSD, el PC, algunos PS, otros PPD, y otros movimientos de izquierda).

La división recorre a Palacio. Tomemos a modo de ejemplo algunas declaraciones. Jorge Burgos (DC) sostuvo que “tendremos oportunidad de debatir para crear condiciones de participación y que después la propuesta sea conocida por el Congreso Nacional”. Esta noción es defendida por el abogado constitucionalista Francisco Zúñiga (PS), quien lideró la redacción del programa en el tema constitucional, y que consideró que la opción estratégica más viable era una reforma total en el Congreso Nacional. En contraste, los ministros Díaz e Insunza han señalado que el debate está abierto y no han querido ni descartar ni confirmar una u otra vía. “La Presidenta resolverá”, dicen.

En este contexto, si hoy Bachelet patrocinara el proyecto de ley permitiendo la convocatoria a plebiscito, probablemente no obtendría los votos y dividiría a la coalición. Ella seguramente lo sabe, por lo que optó por el camino largo: iniciar el proceso de debate constituyente de modo de forzar a los actores a tomar posiciones, a generar debates, a levantar propuestas.

Ahora bien, la crisis de legitimidad ha contribuido a aglutinar a las fuerzas pro-constituyente. Si el año pasado no más de 30 legisladores se la jugaban por la asamblea constituyente, hoy alcanza a cerca de 70. Los escándalos de corrupción de hecho favorecen un cuestionamiento cada vez más profundo sobre el arreglo constitucional, y de ahí que no parece tan disparatada la opción de ganar tiempo y observar cómo se van delineando las alternativas. Porque el proceso constituyente no es otra cosa que generar las condiciones políticas y sociales necesarias para establecer un nuevo pacto constitucional.

Advertíamos que el proceso se había iniciado. ¿Qué indicadores tenemos? Primero, desde la sociedad civil se han venido articulando desde hace varios años diversas iniciativas pro asamblea constituyente que han presionado al sistema político cada vez con más fuerza. Segundo, se estructuró una “bancada AC” en el Congreso que ha venido ganando más adeptos(as). Tercero, la intelectualidad constitucionalista se ha reunido a debatir el tema y ya no como un asunto teórico, sino que abordando temáticas muy específicas. El CEP organizó un grupo de discusión constitucional que se encuentra en un esfuerzo de acumulación de conocimiento y de recomendaciones de contenido. El ex presidente Lagos impulsó una iniciativa similar reuniendo a un variopinto grupo de abogados constitucionalistas. Renovación Nacional reactivó un grupo de estudios constitucionales encabezado por el senador Alberto Espina.

Lo interesante, entonces, es que mientras la Presidenta envía señales al mundo político para generar una nueva Constitución, las reacciones de algunos partidos es pedirle a ella que tome una decisión —que los conduzca por una senda que nadie sabe muy bien cómo hay que recorrerla—. Salvo aquellos legisladores que ya optaron por el camino del plebiscito, el resto de las dirigencias no asumen el desafío de realizar propuestas, de demarcar sus posturas, de atreverse a señalar qué es lo que quieren.

Y en realidad, no existe mucha incertidumbre dado que las rutas están más o menos delineadas: la primera implica un proceso de consulta ciudadana seguido de un acuerdo político de una reforma total a la Constitución en el Congreso Nacional y un eventual plebiscito ratificatorio. La segunda implica aprobar el mecanismo de plebiscito y consultarle a la ciudadanía qué opción desea escoger (AC, Comisión de expertos, comisión bicameral, o nada).

Unos quieren ser ellos los que definen las reglas, mientras otros optan por un mecanismo vinculante con la ciudadanía. Cualquier fórmula requiere de un importante grupo de actores políticos y sociales dispuestos a jugársela por una u otra. El asunto es que ya los actores están moviendo piezas, definiendo contenidos y elaborando estrategias. El proceso constituyente ya comenzó y quien no lo entienda así, se quedará en el camino.

 

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