Columnas

30 de julio de 2014

Binominal: el problema no son las cuotas, es el poder

Por Claudio Fuentes

Claudio Fuentes

 

 

 

 

 

Claudio Fuentes

Ver columna original de El Mostrador aquí.

La representación de mujeres en el Congreso Nacional constituye a todas luces un hecho bochornoso para el país si se observan otros sistemas democráticos en el mundo. No se condice su nivel de desarrollo y la presencia de mujeres en altas posiciones de poder, incluyendo su Presidenta, con esta presencia inferior a la media latinoamericana. Por esta razón, parece muy acertada la decisión del gobierno de proponer un sistema transitorio de cuotas en el sistema electoral, de modo de incentivar la presencia de mujeres en puestos de representación popular.

La duda que queda es si los mecanismos propuestos lograrán el objetivo esperado (más mujeres en el Congreso). Y aquí es donde la letra chica de las propuestas y contrapropuestas afecta al eventual resultado. La propuesta original del Ejecutivo establece que, en la nómina total de postulantes al Congreso, los partidos debían cumplir con el requisito de que ningún sexo estuviese representado por sobre el 60% ni por debajo del 40% del total. Se trata de una norma transitoria, que sería aplicable a las elecciones parlamentarias de 2017, 2021, 2025 y 2029. Además, se contemplaba un incentivo extraordinario para los partidos políticos de 500 UF (unos $12 millones) por cada candidata electa.

Como el sistema electoral propuesto es con listas abiertas (uno vota por un candidato o candidata dentro de la lista), y como los partidos podrían cumplir con el requisito de la cuota colocando a mujeres en distritos menos competitivos para ellos, entonces el gobierno decidió poner un incentivo extra a los partidos (las 500 UF), a fin de promover que las tiendas políticas optaran por mujeres para distritos donde tuvieran efectivas posibilidades de ganar.

Varios legisladores e invitados(as) a la Comisión de Constitución de la Cámara advirtieron problemas en esta propuesta. Se sostuvo que el incentivo económico estaba mal utilizado. Primero, se trata de un recurso totalmente marginal en el contexto de lo que los partidos necesitan para financiar campañas políticas, por lo que en la práctica no constituye un verdadero incentivo. Segundo, el problema no lo tienen tanto las mujeres electas sino las candidatas que desean competir por un cupo legislativo. Tercero, el incentivo debiese dirigirse directamente a las mujeres que compiten y no tanto a los partidos que las apoyan.

El Ejecutivo, entonces, modificó su parecer. Entregaría 200 UF a los partidos a que pertenecieran las mujeres electas y 300 UF para las candidatas electas. Esto no sería un “bono extra”, sino que un monto de recursos que permitiría pagar los gastos electorales efectuados por las candidatas.

Como esta segunda propuesta tampoco convencía a muchos, el Ejecutivo finalmente se comprometió a mantener la idea original (las 500 UF) y estudiar una nueva propuesta de entregar a todas las candidatas un monto de recursos del Estado algo superior a lo que actualmente les entrega a los hombres por voto obtenido. En este escenario, si un candidato recibe $700 por voto obtenido, una candidata recibiría $1.000. Esta propuesta estaría mucho más en sintonía con la idea de igualar la cancha de competencia, porque sabemos que el problema está en el punto de partida. Ahora bien, tal cual demuestran los estudios del Observatorio Político Electoral de la Universidad Diego Portales, quienes enfrentan mayores inconvenientes para competir son las desafiantes y no tanto las incumbentes mujeres. Una propuesta que atienda verdaderamente a la desigualdad de oportunidades de competencia debiese colocar especial atención en las candidatas desafiantes. A ellas hay que apoyarlas.

Otro problema es que el sistema de cuotas está pensado para el conjunto de candidaturas por partido, siempre y cuando no haga primarias. Si un partido realiza primarias, entonces aquellas candidaturas no debiesen regirse por la disposición de las cuotas. Aquí enfrentamos otro problema: como el incentivo por candidata electa es muy bajo (500 UF), los partidos seguramente no modificarán su conducta anterior y seguirán privilegiando colocar hombres (usualmente incumbentes) en distritos donde les resulte probable obtener un triunfo. Además, si esos partidos establecen primarias, quedarían fuera del requisito de establecer cuotas.

¿Cuál es la solución? Los países que han avanzado decididamente en la inclusión de mujeres en el sistema político han tomado acciones decididas y eso es lo que falta en Chile. Se requiere de un esfuerzo comprehensivo, coherente y multinivel para estimular la participación de mujeres en espacios públicos y privados. Ello implica acciones como reforma a la ley de partidos y ley de primarias para incorporar cuotas obligatorias en las distintas posiciones de poder; reforma a la ley de financiamiento electoral para establecer instrumentos de apoyo efectivo a las mujeres candidatas; establecimiento de mecanismos de acción afirmativa en otros espacios del aparato público (tribunales, organismos autónomos, Fuerzas Armadas, gobiernos regionales, universidades, Banco Central, etc.); condicionamiento de licitaciones públicas a la presencia de mujeres en directorios de empresas que contraten servicios con el Estado, etc.

El problema no es sólo la ausencia de mujeres en el Congreso Nacional, el problema es la ausencia de mujeres en posiciones de poder. La única manera de cambiar esto es mediante una revisión comprehensiva de los distintos cuerpos legislativos, con el fin de transformar aquellas relaciones de poder. El problema no es la cuota, el problema es la desigualdad en el acceso al poder.

En Portada

cerrar