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14 de octubre de 2015

Claudio Fuentes: “El problema constitucional no es legal, es de poder político y de poder económico”

Por Entrevista a Claudio Fuentes
Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.

Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.

El académico de la UDP dice que en el texto también plantean que al margen del mecanismo elegido se requiere de “un acuerdo político-social previo”.

El anuncio de la presidenta Michelle Bachelet -vía cadena nacional- del inicio del proceso para crear una nueva constitución con fechas y plazos, daba la impresión de que se podría haber cerrado un capítulo, sin embargo “la opción del gobierno es básicamente decir que es el Congreso el encargado de tomar la decisión sobre qué mecanismo escoger por lo tanto lo que ella está haciendo es chutear la pelota hacia el Congreso, al sistema político y no matricularse con ninguna de las opciones específicas por lo tanto esto lo que hace es extender el debate hasta fines de 2016”, acota el director de la Escuela de Ciencia Política de la UDP, Claudio Fuentes.

A horas de presentar el libro que coeditó junto a Alfredo Joignant: “La Solución Constitucional” y que lanzarán mañana jueves el también cientista reconoce que el planteamiento del gobierno es “una propuesta bastante compleja que no es de fácil procesamiento, que tiene varias etapas y que combina elementos participativos y representativos. En ese sentido y en el marco de nuestro libro es una solución híbrida que combina la necesidad de participación con la necesidad de incorporar al Congreso”.

“La Solución Constitucional” convoca a 18 expertos y no expertos a quienes les preguntaron cuál sería el método para una nueva Constitución, analizando las ventajas y desventajas, los editores plantean también que cualquiera sea el mecanismo primero hay que avanzar en un acuerdo político-social.

– ¿Qué propósito se impusieron al hacer este libro?

– El objetivo es cuestionar un argumento que ha estado muy fuerte en el debate nacional: que el gran problema al escoger un mecanismo es que no hay propuestas específicas para avanzar en una nueva Constitución. Como nadie hablaba de itinerario, de un programa específico, de cómo sería el mecanismo para discutir la Constitución, dijimos: ‘Hagamos un experimento e invitemos a distintos académicos que han estado metidos en el tema, abogados y no abogados, a proponernos soluciones, mecanismos concretos y veamos qué resulta’.

– ¿Y qué resultó?

– Están todos de acuerdo que hay que avanzar hacia una nueva Constitución. Básicamente, hay tres soluciones relevantes que son las que precisamente la elite política está teniendo: La primera es la vía desde arriba, que sea el Congreso, este u otro el que defina las reglas del juego; al otro extremo están quienes dicen que tiene que ser una Asamblea Constituyente, es decir un grupo electo por la ciudadanía que represente los diversos intereses y que se autodisuelve después. Todas las soluciones llevan un plebiscito al final. Y una tercera fórmula son soluciones híbridas, donde por ejemplo está el sorteo de ciudadanos que se constituyen en una asamblea y que ellos definan la constitución; sería la expresión más aleatoria y de igualdad extrema en el sistema político. Entre medio hay quienes dicen que hagamos una combinación de estos: o sea habría una cuarta solución que sería una combinación de un poco de legisladores, algunos sorteados, algunos elegidos y expertos también.

– ¿Este último mecanismo garantiza más participación?

– Hay que ver las ventajas y desventajas de cada uno de los sistemas. El sistema del Congreso, tiene el problema de la crisis de legitimidad que vivimos hoy. Sea este o el otro Congreso el que haga las nueva reglas del juego, el gran problema es que la ciudadanía no confía en el Congreso. Las soluciones híbridas, por ejemplo un sorteo, permiten por un lado bajarle esta ansiedad que tienen los parlamentarios respecto de estas asambleas, de ellos sentirse participes. Entonces, se dice al Congreso que participa en un 30 %. Otro porcentaje puede ser electo por la ciudadanía, es decir que haya listas y donde la ciudadanía elije a su representante.

– ¿Cómo es eso en la práctica?

– Siempre pasa por la política. Si la ciudadanía va a elegir asambleístas, tiene que ordenarse en listas, los partidos presentarán listas. Es decir, 33% electo por el Congreso, 33% electo por listas de la ciudadanía en un día de elección y 33% por sorteo. La idea es que la gente se sienta representada, que alguien, por ejemplo, diga que quiere participar y se registra en el Servel. La idea es que sea el ciudadano común, enfrentado a ciertos antecedentes, el que decida. La ventaja, es que hay un porcentaje de gente que no representa un interés particular, es aleatorio, por lo que podría ser un balance respecto de los otros que sí van a tener intereses particulares. En general, la opinión ciudadana común es muy moderada y sabe de cosas que otros no saben, un experto no sabe cómo funciona el sistema de salud en la calle o el sistema de transporte o la vulneración de derechos y eso ayuda a incorporar experiencia respecto de ciertos temas.

El freno

– Dada la experiencia internacional, ¿por qué no se le ha dado una salida más rápida a este debate?

– El problema constitucional no es un problema legal, es un problema de poder político y de poder económico, eso es lo principal de este debate. Es un debate sobre poder, porque lo que está en juego y los empresarios han planteado el tema, que es lo primero que se les viene a la cabeza, es el derecho de propiedad.

Segundo, derechos de agua que son la segunda preocupación de los empresarios y, tercero, lo que tiene que ver con el Estado. Entonces, claramente, lo que ha frenado esta discusión es el debate económico porque implica revisar y reestructurar las relaciones de poder. El segundo ámbito es el del poder político y cómo se distribuye, le vas a dar más poder al Congreso versus al Presidente, por ejemplo. En los capítulos hay algunos que plantean que hay que mantener el presidencialismo y otros que hay que avanzar hacia un semipresidencialismo. Lo que muestra la experiencia comparada es que, en general, todos los procesos constituyentes, primero tienden a redistribuir poder y segundo a desconcentrar poder desde el Ejecutivo, esa es la tendencia de todos los países de América Latina.

– ¿El mecanismo también determina si se formula una nueva carta fundamental o serán sólo reformas importantes?

– Por eso es muy importante. Si es el Congreso el que parte debatiendo, usualmente los incumbentes dicen partamos desde lo que tenemos, es decir, revisemos artículo por artículo; para otros como los que plantean la AC dicen hoja en blanco, es decir, partamos de cero. Hay otros en el libro que también plantean que tenemos que partir no desde la Constitución del 80, sino que desde la Constitución de 1925 y sus reformas que es la reforma del año 71, es decir miremos al Chile democrático y a partir de ahí establezcamos. Cualquiera sea el mecanismo, siempre parten de un antecedente, no se parte de cero. Creo que el 60% o 70% vamos a estar de acuerdo que la Constitución garantice la igualdad entre hombres y mujeres, etc. El problema es cuando entramos a algunos temas en particular como la propiedad, rol del Estado, autonomía de las regiones, los quórums para aprobar reformas.

– ¿Desde dónde partir puede sancionarse previamente?

– En Chile hay mucha ansiedad. Como hay tanto en juego, se quiere tener certeza que los que van a estar ahí representan mis intereses. Y ese es el objetivo del libro que dice, cualquier mecanismo que se elija implica un acuerdo político social previo, si no hay ese acuerdo no se puede avanzar y eso es fundamental. No hay caso en el mundo en donde un proceso constituyente no se haya establecido sin que los actores políticos se pongan de acuerdo en cuales van a ser las reglas del juego.

– ¿Usted se ha mostrado partidario de una AC, cree entonces que hay que partir de una hoja en blanco y revisar derechos de propiedad, de agua, etc?

– Sí. Creo que está mal distribuido el poder en Chile. El proceso de debatir va a permitir llegar a una conclusión que en algunos temas es bastante cercano a lo que la actual Constitución dice, por ejemplo, derecho de propiedad. De hecho tuvimos un debate semanas atrás y sectores de izquierda señalaban que los derechos de propiedad en la Constitución son bastante bien conservados, o sea lo que dice la Constitución sobre derechos de propiedad no es muy distinto a lo que diría una nueva constitución. Sí derecho de agua, ahí habría un cambio significativo a hacer de un bien público los derechos de agua y no un bien privado. En la Constitución, por ejemplo, se establece un rol social de la propiedad, entonces no es tan alejado a lo que terminaría saliendo, por lo que ahí hay un fantasma que habría que diluir. Creo que los grandes cambios van a ser el orden político, el sistema de gobierno. Yo avanzaría a un sistema semipresidencial; segundo el debate de la autonomía regional que es el gran problema que tenemos porque hay una presión pro regionalización pero no sabemos cuánta autonomía darle a las regiones y cuántos recursos hay que redistribuir.

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