Columnas

20 de octubre de 2014

Dinero y política: tiranía e igualdad radical

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Por Claudio Fuentes - Alfredo Joignant

Tras el bullado caso Penta –donde se delata la incestuosa relación entre dinero y política–, ha arreciado la imaginación institucional entre los columnistas: las propuestas de reforma se multiplican como los panes, buscando el milagro de separar la política democrática del poder económico caracterizado por su facticidad. Lo extraño en la actividad onírica de algunos columnistas es proponer reformas sin reparar en los principios normativos en los que éstas descansan.

Es así como el CEP, a través de uno de sus portavoces, reivindica sin mucho pudor el financiamiento empresarial alegando que éste fomenta la competencia entre candidatos desaventajados ante incumbentes… como si esto fuese obvio y, sobre todo, razón suficiente para admitir la intrusión de intereses privados en la formación de la voluntad política. Lo mismo ocurre con el argumento de Jorge Navarrete, quien no ve razón para que las empresas puedan donar dinero para obras culturales y no puedan hacer lo mismo con candidatos. El problema es que, más allá de lo extraña que suena la comparación entre obras y elecciones, ambas posturas presumen desinterés y virtud allí donde lo que predomina son intereses y, por cierto, ecuanimidad distributiva: como si Yurazeck o Matte donaran dinero a candidatos comunistas o independientes de izquierda, o el gran empresariado contribuyera con el financiamiento de un puñado de candidatos de izquierda a partir de un acto marcado por el signo de la gratuidad sin reciprocidad.

La evidencia muestra exactamente lo contrario: menos de 300 empresas concentraron el 96% de los aportes reservados y lo hicieron a poco menos del 20% de los candidatos que se presentaron al conjunto de elecciones que se realizaron en 2013. La realidad es que pocos empresarios financian candidaturas de pocos candidatos.

En su libro Esferas de la justicia, Walzer estableció las fundaciones normativas para limitar la intrusión de determinados bienes dominantes (como el dinero) en otras esferas. Cuando esta intrusión se produce desbordando alguna frontera y violando algún significado (como, por ejemplo, la soberanía popular), estaríamos en presencia de una forma de tiranía. Pues bien, precisamente porque lo que cabe preservar es el principio de igualdad en la formación de la voluntad política ante intrusiones tiránicas del dinero, abogamos por la eliminación de esa rareza chilena de los aportes reservados y de cualquier contribución de empresas a la actividad política. No desconocemos que las donaciones empresariales constituyen una práctica común en los países de la OCDE, pero que en teoría política se encuentra crecientemente desafiada.

Entonces, ¿cuál es la alternativa? En primer lugar, alentar mediante exenciones tributarias el financiamiento privado de los individuos en magnitudes limitadas por algún tipo de umbral, el que podrá ser público o anónimo (es aquí en donde es pertinente la correspondencia con el secreto del voto, y no con los aportes reservados de las empresas que el abogado Sierra propone). En segundo lugar, asegurando financiamiento público de las campañas (y de la política) en un ratio importante. Si de verdad experimentamos pasión por la igualdad a la hora de expresar nuestra granular soberanía al momento de votar, entonces proponemos que el financiamiento público se traduzca en vouchersuniversales: un monto de dinero público idéntico para cada ciudadano (por ejemplo, distribuido mediante tarjetas de prepago), el que será entregado por cada elector antes de sufragar (este es un punto decisivo en el diseño de igualdad política de mercado de Ackerman y Ayres en Voting with Dollars) al candidato de su preferencia, bajo el supuesto de que éste logró persuadirlo.

Se nos dirá que esta propuesta es demasiado revolucionaria. Tal vez, la pregunta es por qué: por ser radicalmente igualitaria. Lo que molesta es que los financiamientos empresariales y bajo reserva no sean defendidos como lo que realmente son: contribuciones tiránicas a una democracia que podría caminar hacia su semisoberanía.

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