Columnas

23 de octubre de 2015

El apuro por escribir su propia Constitución

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Por Claudio Fuentes
Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.

Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.

“Falta contenido”, alegó la ex vocera de Gobierno, Cecilia Pérez. “Queremos conocer al menos una coma del contenido de la Constitución”, fustigó el presidente de RN, Cristián Monckeberg. “Quiero saber en qué momento vamos a discutir los temas sustantivos… a mí nadie me ha dicho qué quiere hacer con la Constitución”, remarcó categóricamente el ex ministro José Miguel Insulza.

Si nos guiamos por estas aseveraciones, pareciera ser que el debate constitucional se reduce a una cuestión estricta de procedimiento. Si creyéramos en sus palabras, todo indicaría que ni este gobierno o ningún actor relevante ha propuesto la más mínima idea sobre lo que se imagina de una nueva Constitución.

Sin embargo, aquello es falso. Desde por lo menos ocho años existe una amplia lista de propuestas sobre lo que debiese contener una nueva Constitución. Varias de las propuestas son bastante detalladas y se introducen en temas muy sustantivos. Citaré solo dos.

En el año 2008, el entonces senador Eduardo Frei sorprendió con una propuesta de establecer una nueva Constitución –en efecto, utilizó el calificativo de “nueva”–. Esta Constitución Bicentenaria, como la denominó, incluía, entre otros elementos, la facultad del Presidente de disolver las cámaras, creación de un alcalde mayor, la posibilidad de que dirigentes sindicales puedan ser electos, y cambios sustantivos en materia de regionalización, entre otras mucha materias.

En años más recientes, en la primavera de 2013, la entonces candidata a la República, Michelle Bachelet, presentó su programa de Gobierno. Dicho programa no solo sugiere introducir una nueva Constitución por un mecanismo institucional, democrático y participativo, sino que también se adelanta una propuesta de “Contenidos básicos de una Nueva Constitución”. Dicha propuesta incluye acápites referidos a derechos humanos, derecho de propiedad, derechos civiles y políticos, derechos colectivos, derechos económicos, sociales y culturales, garantías, deberes, rol del Estado, sistema electoral, quórum para aprobar reformas, igualdad de mujeres, partidos políticos, pueblos indígenas, Tribunal Constitucional, Fuerzas Armadas, Banco Central, defensoría ciudadana, y varias otras temáticas.

Para ejemplificar algunos de los temas que plantea dicha propuesta, expondré tres.

1) En cuanto a la propiedad privada, el texto sugiere que la nueva Constitución debe garantizar la libre iniciativa económica privada con limitaciones establecidas en la ley. Agrega que se reconocería el derecho a la propiedad privada, reconociendo que ella cumple una función social. Se sugiere asimismo declarar a las aguas como bienes nacionales de uso público.

2) Se reconoce al Estado no solo como un sistema de potestades sino como un conjunto de deberes de buen gobierno, proponiendo la noción de un Estado Social y democrático de derecho.

3) Se propone reconocer que el Estado de Chile es una nación indivisible, plural y pluricultural.

Las propuestas podrían gustarnos o no. De hecho, varios de sus enunciados podrían ser debatidos y hasta cuestionados por sus contradicciones internas, pero sin duda resulta totalmente equívoco sugerir que no han existido propuestas específicas del contenido de una nueva Constitución y menos de este gobierno que propuso específicamente ciertos contenidos básicos.

Ahora bien, quienes plantean la necesidad de discutir contenidos parecen querer adelantarse a un tema que teóricamente debiese resolverse después que se defina el mecanismo. Este impulso por definir y acotar los contenidos parece un intento por controlar los términos del debate. ¿Acaso no resulta más apropiado que este debate de contenidos surja de un proceso de diálogo amplio político y social? ¿Acaso este diálogo no se nutrirá precisamente de las recomendaciones y propuestas que –como vimos– están flotando en el aire?

En un estudio realizado el año pasado, constatamos que desde 2008 y hasta 2013 las candidaturas presidenciales y partidos políticos habían realizado más de 100 propuestas específicas en cinco grandes ejes temáticos –regionalización; poderes presidenciales; inclusión política y participación; rol del Estado; derechos económicos, sociales y culturales; y mecanismos de reforma constitucional–. A ello debiésemos sumar las innumerables propuestas y debates que en ambas cámaras del Congreso se han dado en los últimos años en materia constitucional.

Cuando comencemos a debatir sobre los contenidos, observaremos que existe una acumulación importante de propuestas y que ni la derecha, ni el centro, ni la izquierda están actuando en el vacío. Basta con leer los programas de Gobierno de anteriores candidaturas para darse cuenta de que las ideas están flotando en el aire, esperando su concreción.

Cuando comencemos a debatir sobre los contenidos, observaremos que existe una acumulación importante de propuestas y que ni la derecha, ni el centro, ni la izquierda están actuando en el vacío. Basta con leer los programas de Gobierno de anteriores candidaturas para darse cuenta de que las ideas están flotando en el aire, esperando su concreción.

Pero si hay ideas y propuestas muy concretas rondando en documentos que fácilmente pueden bajarse de la web, ¿por qué entonces negar que tales ideas existen? ¿Acaso esos informados actores no han leído tales documentos? ¿Por qué adelantar el debate de contenido, si aún no se resuelve del todo la cuestión del procedimiento? ¿Cuál es el apuro de escribir con celeridad una propuesta de Nueva Constitución como lo anunció Piñera?

Ante la decisión presidencial de establecer este proceso constituyente, parece ser que los actores políticos buscan aferrarse a sus propias ideas para demarcar muy claramente lo que no estarán dispuestos a transar. Niegan rotundamente que existen propuestas acumuladas y se precipitan raudamente a escribir sus propios intransables.

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