Columnas

18 de diciembre de 2018

El fondo de adquisiciones para las Fuerzas Armadas: un invento que podría convertirse en botín

Por Claudio Fuentes

La compra de armas es un asunto demasiado serio como para diseñar una institucionalidad débil. Se requiere evitar que este fondo se convierta en un botín al arbitrio de los fuertes intereses de la industria de armamentos a nivel mundial. Separar las funciones de administración del fondo, compra y solicitud de requerimientos es crucial para un tema que ha generado más de un caso de corrupción en el país. El modelo propuesto requiere de una redefinición de funciones, atribuciones y composición del órgano técnico que velará por esta importante tarea.

La Comisión de Defensa del Senado acaba de aprobar el proyecto de financiamiento de las Fuerzas Armadas. El objetivo es eliminar la ley del cobre, pero en este proyecto se mantienen pisos mínimos para los fondos generales de la defensa; se establece un fondo para contingencias; y se establece un fondo para adquisiciones de las Fuerzas Armadas, entre otras materias. Ya en otras oportunidades hemos criticado el alcance de esta iniciativa si se aprobase tal cual está concebida.

Por la importancia que tienen las compras militares, en esta oportunidad me detendré en el Fondo Plurianual de Adquisiciones. Debemos recordar que la industria de armamentos es el negocio que moviliza más recursos en el mundo. Dadas las presiones que genera dicha industria y los intereses que emergen a partir de la compra de armas, resulta razonable pensar que se requeriría establecer un sistema sólido que reduzca al mínimo las posibilidades de cooptación, lobby y corrupción.

Tres dimensiones son críticas: cuál será la institución encargada de administrar los recursos de este fondo; cuál será la institución encargada de realizar las compras; y cuál se encargará de realizar los requerimientos para el sector defensa. Teóricamente, un modelo de control y gobernanza dictaría que la mejor receta es separar estos tres ámbitos: una institución que administra el fondo, otra institución centralizada y civil que tenga la facultad exclusiva de comprar, y otra (el Ministerio de Defensa) encargada de determinar los requerimientos para el sector.
¿Cumple el proyecto de ley con este requisito de división de roles? Definitivamente no.

El modelo aprobado en la Comisión de Defensa establece un Fondo Plurianual de Adquisiciones. Se establece un “órgano técnico colegiado” de tres representantes del ministro de Defensa, ministro de Hacienda y Presidente de la República. Deberán ser de su exclusiva confianza y “civiles”. Las funciones principales de este órgano serán la administración financiera del fondo, la rendición de cuentas y el establecimiento de orientaciones para las compras y contratos.

El primer problema es que en un órgano se concentran las funciones de administración financiera y definición de las orientaciones para las modalidades de contratos. Hoy, y después de varios escándalos asociados a ventas irregulares de armamentos, los fondos son administrados por el Banco Central. Sería entonces prudente mantener la función de
administración financiera del fondo en manos de un órgano autónomo y especializado y separado de las decisiones de compra, situación que no ocurre en el proyecto.

El segundo problema dice relación con la composición del “órgano técnico”. Para comenzar, no se trata de un órgano propiamente técnico, pues se trata de nombramientos de exclusiva confianza política. Pero además, de acuerdo al fraseo actual del proyecto, perfectamente podría nombrarse a un ex funcionario de las Fuerzas Armadas en dicho órgano técnico, ya que legalmente ellos se consideran “civiles” una vez que dejan el uniforme. Así, por ejemplo,
podría nombrarse al actual subsecretario de Defensa, quien hasta hace dos años pertenecía
a la Armada.

¿Constituye un problema la designación de un ex uniformado si conocen del tema y tienen una experticia para estos temas? El problema no es el nivel de profesionalismo en este caso, el problema más bien radica en los conflictos de intereses que se generarían si un ex oficial pasara a tomar decisiones que afectan directamente el desarrollo de instituciones respecto de las cuales tiene una evidente cercanía. Además, si se llegase a nombrar a un subsecretario en este “órgano técnico”, enfrentaríamos la paradójica situación de tener una autoridad que, en su calidad de subsecretario, tiene el deber de definir los requerimientos de armamentos y, en su calidad de integrante del citado órgano técnico, tendría que definir las modalidades de compra. Se convertiría, así, en juez y parte del proceso.

Pero, además, la propuesta del Ejecutivo es débil al no anclar esta nueva institución en ninguna jerarquía del Estado. Se requeriría de un diseño distinto, con fuertes capacidades institucionales para definir las políticas de compras; y con una mejor definición de inhabilidades e incompatibilidades de quienes asumirán en este organismo, excluyendo explícitamente a quienes han participado de algún modo u otro del negocio de las armas y a quienes fueron funcionarios de las reparticiones armadas.

Finalmente, tampoco la propuesta especifica cuál será la institución que materializará las negociaciones y compras de armas. Hasta hace muy poco eran las propias Fuerzas Armadas las que directamente salían a comprar y los resultados han sido negativos en términos de corrupción. En el proyecto se establece que el “órgano técnico” definirá los criterios generales para realizar las compras y establecerán las definiciones generales de los convenios y contratos. Sabemos que una de las principales fuentes de corrupción radica en la instancia que realiza las compras. Es en esa negociación donde se predeterminan las condiciones contractuales y se generan incentivos para adecuar necesidades y pagar ilegalmente por ciertos favores.

De nuevo, un sistema debe responder a tres preguntas sencillas: qué entidad administra los recursos; cuál será la institución encargada de comprar; y de dónde surgen los requerimientos. El modelo propuesto es sumamente débil, toda vez que mezcla funciones en un órgano que no es técnico, establece una institucionalidad muy poco robusta y no establece una diferencia entre la institución que realizará las compras y la institución que procesa el requerimiento.

La compra de armas es un asunto demasiado serio como para diseñar una institucionalidad débil. Se requiere evitar que este fondo se convierta en un botín al arbitrio de los fuertes intereses de la industria de armamentos a nivel mundial. Separar las funciones de administración del fondo, compra y solicitud de requerimientos es crucial para un tema que ha generado más de un caso de corrupción en el país. El modelo propuesto requiere de una redefinición de funciones, atribuciones y composición del órgano técnico que velará por esta importante tarea.

Esperemos que la Comisión de Hacienda del Senado perfeccione la institucionalidad actual y que el Gobierno se abra a establecer un marco distinto que dé garantías de transparencia y otorgue un verdadero y efectivo control democrático.

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