Columnas

20 de noviembre de 2014

El nuevo paradigma

Por Claudio Fuentes

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Claudio Fuentes

EL ACTUAL modelo de financiamiento de la política constituye una amenaza a la solidez y estabilidad democrática en Chile. El modelo se sustenta en tres ideas: incentiva por la vía de exención de impuestos el aporte de empresas a campañas; estimula la desigualdad de competencia al no regular la publicidad y el período de campañas; y carece de mecanismos de control efectivo.

Desde la perspectiva de los electores se advierten campañas que derrochan recursos, que inundan las calles con publicidad, sin transparencia y con ningún control respecto de eventuales irregularidades. Al menos dos tercios de las campañas son financiadas con aportes de empresas, la mayoría de las cuales realiza donaciones reservadas o anónimas. El Servel no tiene ni la capacidad ni la autoridad para fiscalizar el gasto declarado por las diferentes candidaturas. Las sanciones son irrisorias, y si llegamos a conocer una ilegalidad es porque otras instituciones del Estado la han detectado.

Se necesita entonces un nuevo paradigma de financiamiento de la actividad política. Los instrumentos específicos que se diseñen deberían estimular la igualdad de competencia, la transparencia y la responsabilidad. ¿Cómo hacer esto?

Primero, se requiere financiar en forma permanente algunos aspectos esenciales del funcionamiento de los partidos políticos. De otro modo, los presidentes de las tiendas políticas se transforman en mecenas que definen candidatos al Congreso, determinan listas para cargos del Ejecutivo y gestionan proyectos de ley. Los recursos que el Estado entregue a los partidos deberán ser auditables y entregados contra prestación de ciertos servicios a la comunidad (educación cívica, apoyo técnico, formación de militantes).

Además, se necesita un modelo de financiamiento de campañas principalmente público y subsidiariamente privado. Lo anterior implica reducir los límites al gasto de campañas, eliminar las donaciones de empresas y eliminar la exención tributaria. Adicionalmente, este modelo debiese fomentar la transparencia respecto del origen de las donaciones antes de las elecciones. La ciudadanía tiene el derecho a conocer el origen de los aportes y los montos desembolsados por cada candidatura antes de la elección.

A ello deben sumarse importantes medidas que buscan fomentar la igualdad de competencia: establecer una franja radial, permitir el transporte público el día de la elección, delimitar los espacios públicos para publicidad de campañas.

Finalmente, nada de esto funcionará si no se establecen sanciones reales (administrativas, penales y políticas) que incluso introduzcan la pérdida del escaño para quienes infrinjan la ley. Lo anterior implica una profunda reestructuración del Servel para dotarlo con capacidades de fiscalización en materia de financiamiento de la política. Nuestra democracia está en riesgo en la medida en que los intereses particulares determinan la acción política. De ahí la necesidad de establecer un nuevo paradigma que vele por la igualdad, la transparencia y la responsabilidad en el ejercicio de la actividad política.

Ver columna original en La Tercera.

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