Columnas

5 de noviembre de 2018

En reformas, chi va piano va sano e va lontano

Por Patricio Navia

El gobierno del Presidente Sebastián Piñera debiera recordar el conocido dicho italiano. Porque en las reformas se llega más lejos cuando éstas se hacen bien y de forma ordenada, debiera concentrarse en sacar la reforma tributaria antes de apretar el acelerador en la reforma de pensiones.

Aunque en el corto plazo los gobiernos son evaluados por el estado de la economía, el legado de largo plazo se construye a partir de las reformas que logran introducir e implementar. Hoy podemos recordar que Lagos hizo una gran reforma constitucional, legalizó el divorcio, promulgó una reforma a la salud y facilitó el acceso a la educación a través de crédito con aval del Estado (que ahora es fuertemente cuestionado). Pero nos resulta más difícil recordar cuál fue el crecimiento promedio o la inflación en su periodo. Los criterios que se usan para evaluar a un gobierno cuando está en el poder no son los mismos que se usan para evaluar su legado.

Si bien es cierto todas estas reformas son importantes y necesarias, y tendrán efectos positivos en la productividad del país y en la calidad de vida de los chilenos, el gobierno debiera recordar que el que mucho abarca, poco aprieta.

Por eso, además de buscar que la economía funcione bien, los gobiernos buscan construir un legado con reformas estructurales que transformen al país en distintas dimensiones. El gobierno del Presidente Piñera está empeñado en construir un ambicioso legado de reformas estructurales. Tal como prometió en campaña, ya presentó una reforma tributaria ante el Congreso. A comienzos de esta semana, anunció además los lineamientos de lo que será la reforma previsional. En días recientes, la prensa ha comenzado a adelantar detalles de la reforma que se viene al sistema se salud privado. Si bien es cierto todas esas reformas son importantes y necesarias, y tendrán efectos positivos en la productividad del país y en la calidad de vida de los chilenos, el gobierno debiera recordar que el que mucho abarca, poco aprieta.

Hay poca disponibilidad de un congreso controlado por una mayoría de centroizquierda a apoyar las iniciativas del gobierno. De hecho, en la discusión del aumento del sueldo mínimo, hace unas semanas, éste terminó forzándolo a ceder en su postura inicial. Lo mismo ocurrió hace pocos días en la tramitación del proyecto de Aula Segura. Al extremar sus posturas, el Congreso logró que el oficialismo corrigiera su propuesta inicial. Afortunadamente, en ambos casos se logró un consenso que permitió mejorar el statu quo. Pero también en ambos el gobierno debió ceder ante un Legislativo que a veces aparece más interesado en obstruir sus iniciativas que en asumir su desafío de ser una oposición constructiva.

En la negociación del presupuesto, la oposición ha dejado en claro su intención de forzar al gobierno a hacer concesiones. Si bien la Constitución dibuja una cancha favorable al Ejecutivo en la negociación del presupuesto —entre otras cosas, al limitar el poder del Legislativo solo a disminuir las partidas de gasto— los legisladores han logrado usar ese poder para obligar al gobierno a aumentar el gasto en determinadas partidas. Votando por reducir ciertos ítems al mínimo, empujan al oficialismo a hacer concesiones que aumenten el gasto en esas u otras partidas. Después de todo, los legisladores saben que, porque el sistema político chileno es tan presidencialista, la gente siempre termina culpando al gobierno, no al Congreso, cuando las cosas no resultan o cuando hay un impasse en la tramitación de un proyecto.

La Moneda debiera recordar que avanzar de forma ordenada y a la velocidad adecuada siempre es mejor que apurar la marcha y tropezarse.

Después que se apruebe el presupuesto este mes, el Congreso se abocará a tramitar la reforma tributaria. Si el gobierno juega bien sus cartas y logra una negociación exitosa, habrá humo blanco en enero o marzo. Pero si las cosas se complican, la nueva ley recién será promulgada en abril o mayo. Aunque las leyes se pueden tramitar en paralelo, el hecho que tanto la reforma tributaria como la de pensiones deben pasar por las comisiones de Hacienda de ambas cámaras genera un inevitable cuello de botella. De ahí que, lo más probable, es que la reforma de pensiones recién reciba prioridad después que se promulgue la reforma tributaria. A su vez, la reforma a las Isapres tendrá que esperar su turno.  Todo esto, suponiendo que no haya ningún imprevisto que fuerce a redefinir las prioridades legislativas (y sabemos que la única certeza en política es que siempre hay imprevistos).

Es loable que el gobierno quiera dejar un legado potente de reformas estructurales. También es bueno que el gobierno sea ambicioso y quiera apurar al Congreso en su trabajo legislativo. Pero La Moneda debiera recordar que avanzar de forma ordenada y a la velocidad adecuada siempre es mejor que apurar la marcha y tropezarse. Es más, precisamente porque el éxito de las iniciativas futuras depende en parte de que el gobierno sea capaz de lograr promulgar los proyectos de ley que actualmente están en tramitación, hay que recordar que los legados se construyen por las reformas que se promulgan y no por aquellas que se anuncian y nunca logran ser promulgadas.

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