Columnas

6 de enero de 2015

Financiamiento político I: prohibir aportes de empresas

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone
Por Claudio Fuentes

claudio fuentes

 

 

 

 

 

 

Claudio Fuentes

Uno de los aspectos que suscitará más debate del proyecto sobre financiamiento político que presentó el Gobierno, será la prohibición de los aportes de las empresas a campañas políticas. Recordemos que el sistema actual permite que las personas jurídicas con fines de lucro realicen aportes a campañas políticas. Se establece además una reducción de impuestos cuando se trata de donaciones a partidos, que no superen el 1% de la renta líquida imponible de una empresa. Se prohíbe asimismo que las personas jurídicas sin fines de lucro (sindicatos, fundaciones, corporaciones) puedan realizar estas donaciones.

Así, el modelo actual coloca a las personas jurídicas con fines de lucro como los actores más relevantes, toda vez que les otorga ventajas tributarias, permite donaciones reservadas para garantizar el secreto de ellas, y excluye que otras personas jurídicas puedan donar. Los datos de las últimas tres campañas presidenciales son elocuentes. El modelo actual se sustenta en donaciones del sector privado (principalmente empresarial) para financiar las campañas políticas (60%). Pero, como parte de esas contribuciones se realizan por la vía de la reducción de impuestos, lo que en realidad refleja este modelo es el uso de dineros públicos (impuestos) por parte de privados (empresas con fines de lucro) para beneficiar a algunas candidaturas.

La prohibición del aporte de empresas a campañas políticas es razonable por varios motivos. Como el objetivo de las empresas es maximizar utilidad, resulta esperable que se produzca una fuerte desigualdad en el acceso a tales recursos, pues ellas siempre privilegiarán a quienes defienden sus intereses y que, a su vez, tienen mayores opciones de llegar al poder. Pero, además, esta desigualdad se magnifica en la medida que las empresas pueden realizar contribuciones considerablemente superiores a las de cualquier individuo. Entonces, permitir la total “libertad de expresión” de las empresas (que donen lo que deseen y a quienes quieran) impone condiciones de fuerte desigualdad en la competencia política.

Los defensores del actual modelo sostienen que prohibir donaciones de empresas limita la libertad de expresión. Sin embargo, la propia Constitución en su artículo 1° establece el deber del Estado de garantizar la igualdad de oportunidades para participar del sistema político. Las donaciones de empresas afectan esta igualdad teórica, dado que los aportes de empresas son considerables (60% de lo declarado), se realizan en condiciones de total opacidad (90% de esos aportes son reservados) y tales aportes se concentran en algunas candidaturas (19% de ellas en el último ciclo electoral).

Desde el punto de vista normativo, se ha indicado que, así como una empresa puede realizar donaciones culturales, también podría realizar donaciones a la política.

Luis Larraín, por ejemplo, nos decía que “nadie ha objetado que donen para un concierto, aunque no pueden escucharlo o para una biblioteca, pese a que no pueden leer” (L&D, 23/10/2014). Pero la objeción principal a que las empresas donen no se refiere al hecho de que tales instituciones no sean personas naturales, sino más bien al impacto político que tienen estas donaciones en desnivelar la cancha, dado su sesgo al privilegiar a un grupo de actores y la magnitud de tales contribuciones.

Otro de los argumentos para favorecer las donaciones de empresas se refiere a que esta prohibición incentivaría la donación ahora ilegal a las candidaturas. El argumento parece contradictorio. Primero, el argumento reconoce que las empresas tendrían fuertes incentivos no filantrópicos para realizar donaciones. Segundo, se asume que los actores políticos estarían siempre dispuestos a recibir tales dineros ilegales. Tercero, se asume que el Estado sería incapaz de detectar este tipo de irregularidades. Bajo el actual esquema de controles (literalmente inexistentes), es probable que tal comportamiento ilegal ocurra. La legislación debiese contemplar un sistema de auditorías, controles y sanciones creíbles, que inhiba comportamientos ilegales.

Finalmente, se sostiene que la prohibición de aportes de empresas debilitaría las opciones para que los desafiantes obtengan recursos alternativos para conquistar el poder. Como el candidato incumbente tiene una ventaja inicial al ser más conocido y contar con recursos de su propia función parlamentaria para recorrer el distrito, se asume que la única opción del desafiante es gastar más en su campaña. Lo anterior es contradictorio porque, en definitiva, lo que estaríamos haciendo con esa política es privilegiar candidaturas que tienen acceso a financiamiento privado para competir.  Y en el caso de Chile esa condición la cumple principalmente la derecha política. Establecer límites razonables a la reelección de autoridades es una medida muchísimo más efectiva para prevenir la eternización de congresistas, alcaldes, consejeros regionales o comunales en el poder.

La prohibición de aporte de empresas a campañas debe acompañarse con medidas adicionales que permitan una campaña más justa y que incluyen subsidio público, restricciones a la publicidad en espacios públicos y mecanismos de control del gasto que sean creíbles y eficientes.

Ver columna en El Mostrador

En Portada

cerrar