Columnas

17 de agosto de 2015

La histeria de las reformas políticas

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Por Mauricio Morales
Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral UDP

Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral UDP

El Senado acaba de aprobar en primer trámite constitucional la pérdida del escaño para aquellos senadores, diputados, alcaldes, CORES y concejales que hayan violado las normas sobre transparencia, límite y control de gasto electoral. Lo extraño de todo esto es que aún no conocemos cuáles serán efectivamente esas normas de transparencia. Se dejó para más adelante la idea de incluir al Presidente de la República en este sistema de sanciones. Al parecer, la fuerza del presidencialismo chileno no conoce límites. Puede ser que un CORE electo en la circunscripción provincial de Capitán Prat donde votan poco más de 1720 personas sea sancionado, mientras que un Presidente siga en su cargo a pesar de haber violado la norma.

El CORE más votado en Capitán Prat obtuvo 407 votos. Su gasto declarado ante el Servel fue de 2.013.110 pesos, el más alto para dicha zona. El segundo CORE electo en esa circunscripción obtuvo 386 votos y gastó 575 mil pesos. El límite de gasto establecido por el Servel para Capitán Prat fue de 17.994.230. Con estos datos, entonces, el CORE que más gastó ocupó sólo el 11.2% del límite de gasto. La primera pregunta es obvia: ¿será necesario establecer límites de gasto tan altos? Una medida prioritaria, antes de estar discutiendo sobre la pérdida de escaño, es definir de manera muy clara los nuevos límites de gasto electoral. Según la ley 19.884, para la elección de CORES el límite de gasto se calcula tomando como base 700 UF (17,5 millones aproximadamente) para luego aumentar ese límite en función del número de electores. ¿No será más fácil definir esos montos considerando sólo el volumen de electores o, incluso, de votantes en cada división electoral?

Desafortunadamente, y dado el desorden legislativo producto de la histeria colectiva en torno a la crisis de los partidos, se está legislando de manera apresurada. En un afán casi enfermizo por “mayor transparencia”, los partidos están contra la espada y la pared. Algunos exigen re-inscribir a toda la militancia, hacer público ese padrón, y otros más osados quieren imponer el principio de “una persona, un voto”. Ninguna de estas medidas generará por sí solas mejores partidos. De hecho, cada partido tiene su propio sistema electoral donde los cargos pueden ser electos de manera indirecta. Dado que los sistemas electorales producen distorsiones, difícilmente todos los partidos podrían respetar ese principio de “una persona, un voto”. Luego, la re-inscripción de los militantes es una medida absolutamente innecesaria. Bastaría con que el Servel lleve un registro sistemático y creíble. Muchos señalan que los partidos que no cumplan con estas exigencias no tendrán acceso a recursos públicos. Esto es, por decir lo menos, incorrecto. Los partidos se juegan la vida en las elecciones. Son los ciudadanos los que evalúan periódicamente a ese partido, no los reformistas que se creen depositarios de una superioridad moral para decretar qué es bueno y qué es malo para los partidos.

Finalmente, la idea de mayor democracia interna no tiene asidero empírico. Hay partidos cerrados exitosos y partidos abiertos que también lo son. ¿Desde cuándo la democracia interna es un requisito para el éxito?, ¿qué pasa si un partido llega a consenso para nominar una directiva nacional?, ¿se va a sancionar a ese partido por lograr acuerdos? Luego, para otros la democracia interna se asocia con primarias. ¿Quién podría sostener seriamente que las primarias son el “mejor” mecanismo para seleccionar candidatos? En un reciente artículo escrito con Carlos Cantillana y Gonzalo Contreras del Observatorio Político-Electoral de la UDP demostramos que las primarias que hizo la Concertación en 2012 para elegir a sus candidatos a alcalde no se tradujo en mayor participación para la siguiente elección local y que sólo mejoró marginalmente la elegibilidad de los ganadores.

Mucho cuidado entonces. Antes de promover reformas pro-transparencia sería bueno conocer en detalle las normas que rigen la competencia partidista y promover cambios que vayan en la dirección correcta y no en detrimento de los partidos que, alicaídos y todo, mantienen el monopolio de la representación.

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