Columnas

16 de marzo de 2018

La muerte del proceso constituyente

Por Claudio Fuentes

El gobierno de Michelle Bachelet, al enviar un proyecto de reforma total a la Constitución, contribuyó paradójicamente a condenar a muerte el proceso constituyente.

Durante cuatro años se movilizaron enormes recursos humanos, financieros y políticos para generar condiciones de cambio y, sin embargo, el anuncio agónico de este proyecto no tuvo un efecto dinamizador de un debate nacional sino que, por el contrario, de división y desazón.

¿Por qué? En primer lugar, se trata de un proyecto que fue redactado entre cuatro paredes sin consulta a los partidos de la coalición. La ausencia de apoyo político en una coalición que ya estaba a la deriva le restó protagonismo y fuerza al anuncio presidencial.

En segundo lugar, tampoco el texto reflejó los intereses que se materializaron en los encuentros y actas de la etapa participativa del proceso constituyente.

Finalmente, existe una fuerte disociación entre una etapa abierta, participativa y deliberante y la presentación de un texto que nadie antes conoció ni menos discutió.

Así, la respuesta política al anuncio de la Presidenta fue débil, marcado por diferencias políticas significativas dentro de la coalición.

Desde el punto de vista de la ciudadanía tampoco el tema generaría expectativas muy altas pues el gobierno se había desconectado hace ya bastante tiempo de quienes participaron del proceso. La etapa participativa se entendió no como un proceso de re-politización social sino que de consulta y escucha acotada, un paréntesis  de activación social.

Tampoco la izquierda Frente Amplista debiese sentirse muy reflejada en el proyecto de la presidenta Bachelet. Cuando observamos el contenido de la propuesta de nueva Constitución, vemos que si bien se avanza en algunos temas claves (rebaja de los quórums, redefinición de derechos económicos, sociales y culturales), es muy moderado en varios ámbitos y simplemente no toca algunos aspectos claves de la parte orgánica del texto.

El anuncio del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas fue simplemente decepcionante toda vez que ni siquiera recogió los acuerdos mínimos que se discutieron en el proceso de consulta con los pueblos originarios.

La opinión de José Luis Cea, uno de los principales defensores de la Constitución de 1980, fue lapidaria. Señala Cea, “con el proyecto de la Presidenta Bachelet, la Constitución actual queda extraordinariamente fortalecida, en lugar de haberla debilitado. La paradoja es que la Constitución está siendo vigorizada, consolidada, lo cual no significa que vaya a quedar igual” (el Mercurio 11.03.2018).

En otros términos, la interpretación de Cea es que la propuesta lo que hace es profundizar los elementos centrales, el ADN del texto y que considera el modo de concebir al mercado, al Estado, las instituciones políticas y los derechos económico-sociales y culturales.

De este modo, aunque se cumplió el itinerario, el envío de un proyecto con contenidos que reflejan muy poco al progresismo, en condiciones políticas de fragmentación y división de la centro-izquierda y en un formato alejado de la ciudadanía, simplemente colocó una pesada lápida a un proceso que prometía discutir en forma abierta y de cara a la  ciudadanía un tema vital para el fortalecimiento democrático.  

Al no existir acuerdo político, no queda duda que nos mantendremos anclados al modelo de la vieja Constitución y que en este período observaremos tenues y negociados retoques.

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