Columnas

27 de marzo de 2018

Los parientes y la meritocracia

Por Claudio Fuentes

Imagine un almuerzo familiar de los Chadwick. Andrés Chadwick, el actual ministro del Interior, es primo del presidente de la República. Andrés Chadwick Costa, hijo del ministro del Interior, fue nombrado productor general de la Presidencia. Camila Chadwick Costa, hija del mismo ministro, asumió como jefa de gabinete de la Ministra del Medio Ambiente.

Podríamos seguir dando ejemplos de personas contratadas por la nueva administración y que tienen relación de parentesco directa con al menos cinco ministros y más de una decena de parlamentarios y alcaldes.

Magdalena Díaz, Jefa del Gabinete del Presidente es prima de Nicolás Monckeberg, ministro del Trabajo.

Sebastián Villarreal, subsecretario de servicios sociales, es yerno del jefe de asesores del Presidente de la República. Benjamín Salas Kantor es asesor de Larroulet y es hijo de la ministra del Deporte Pauline Kantor.

La primera dama acaba de nombrar a Alejandra Kantor como directora de la Fundación de Orquestas Juveniles. Ella es prima de la ministra Kantor. Suma y sigue.

La pregunta es si es correcto que las autoridades de gobierno nombren a sus parientes en cargos de responsabilidad pública. Para algunas personas, es natural que se de este tipo de designaciones pues se trata de cargos de confianza, y qué mejor que designar a alguien de absoluta confianza como es la familia.

Otros sostienen que se trata de personas capaces, la mayoría con títulos de reconocidas y hasta prestigiosas universidades. ¿Por qué limitar la carrera profesional de alguien que es capaz? ¿No se estaría generando una discriminación basada en el apellido para ejercer cargos públicos?

Fue precisamente el argumento que el ministro Chadwick ha utilizado: “No quiero ser para ellos nunca un factor de privilegio, y ellos lo tienen clarísimo, porque son mis hijos y me conocen, y tampoco ser un factor de obstáculo, porque me parecería muy injusto para su desarrollo” (La Tercera, 18/03/2018).

Entonces, ¿es correcto nombrar familiares directos de altas autoridades en cargos públicos?

El asunto, que astutamente evita mencionar el ministro Chadwick, se refiere a los conflictos de interés que genera la nominación de familiares en el gobierno.

Supongamos que el día de mañana la ministra de Medio Ambiente debe evaluar a su jefa de gabinete. Por muy ecuánime y proba que la ministra sea, no podrá eludir el hecho que se trata de la hija de su jefe político, el ministro del Interior.

Y es precisamente aquello lo que sucede con las relaciones de parentesco para el ejercicio de cargos de responsabilidad pública: uno no puede separar el vínculo de sangre que une a las personas de las acciones y decisiones profesionales que toma.

Seguramente, el entorno del Presidente al designar al hijo de su primo como Productor General de la Presidencia tomó en cuenta sus capacidades, pero aquella designación, por muy capaz que sea la persona, está intrínsecamente afectada por el hecho de ser parientes, conocerse, y mantener una relación seguramente cotidiana.

Si aquel productor de Palacio llegase a cometer una falta, ¿en qué posición quedaría el ministro del Interior, o el propio Presidente?

Pero los conflictos de interés no se refieren exclusivamente a eventuales faltas de alguno de los familiares designados en cargos públicos y el potencial conflicto que ello genera. También se asocian con eventuales conflictos derivados de decisiones que una autoridad toma o información sensible y que podría favorecer a alguien en una determinada coyuntura.

Así, por ejemplo, el actual gobernador de Talca, Felipe Donoso, podría tomar una serie de decisiones que afectan la misma circunscripción del que es representante su suegro, el senador Juan Antonio Coloma.

Aquí se produce un evidente conflicto entre una autoridad que tomará decisiones que afectan un territorio y un cargo de representación popular que podría, potencialmente, beneficiarse una y otra vez, de las ventajas que podría otorgarle nada menos que su yerno. Imagine entonces ese almuerzo dominical de la familia Coloma.

La preocupación por el vínculo entre familia y poder ha llevado a proponer una serie de medidas para evitar este tipo de conflictos de intereses.

La Comisión Ángel propuso que las contrataciones de personal de confianza de familiares directos de ministros y subsecretarios en la misma repartición debiesen ser por concurso público con actas públicas.

El ex diputado José Antonio Kast propuso algo todavía más radical, sugiriendo en una moción de agosto de 2017 que no podrían ingresar a la administración del Estado quienes fuesen parientes del Presidente, Ministros, Subsecretarios, Parlamentarios, Alcaldes, Consejeros Regionales, Intendentes, y gobernadores. La única excepción sería la de aquellos que postularan por concurso público.

En una moción del año 2016 diputados de la UDI que incluyen al ex diputado José Antonio Kast pero también al diputado del Partido Comunista Hugo Gutiérrez, se propone como requisito a las autoridades del Ejecutivo y del Legislativo informar en su declaración de intereses de la existencia de parientes en la administración pública de modo de explicitar eventuales conflictos de interés que podrían darse en el ejercicio de la función pública.

Pareciera existir consenso político en que, por muy meritocráticos que sean los parientes, la función pública debe cautelar el principio de la probidad.

De ahí que se hace imprescindible establecer prohibiciones de nombrar parientes en cargos públicos.

Asimismo, debiese existir un protocolo de declaración de conflicto de interés cuando en las distintas instancias del Estado y/o entre instancias del Estado y del sector privado se dan relaciones de parentesco.

Finalmente, debiese también regularse la ventaja que podría dar el que parientes compitan por cargos de elección popular en los mismos territorios, evitando de este modo crear dinastías políticas que controlan verticalmente ciertos espacios territoriales. 

El ministro Chadwick se equivoca al argumentar que lo que está en juego es el mérito de sus hijos cuando el problema central son los conflictos de interés evidentes e irreconciliables.

La parentela debiese abstenerse de la función pública, salvo que deseen acceder a la administración pública por concurso público. Es hora de abandonar la idea que el Estado es una función que puede y debe quedar en familia, por muy honrada y meritocrática que ella sea.

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