Columnas

14 de agosto de 2015

Los partidos no asumen su propia crisis

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Por Claudio Fuentes
Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.

Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.

Los partidos políticos no advierten, no comprenden o simplemente no quieren ver la envergadura de la crisis que enfrentan. Desde hace por lo menos 10 años se viene produciendo una progresiva pérdida de confianza social en el sistema político en general. No debiese sorprender que las cuatro instituciones en que menos confía la ciudadanía son los partidos, el Congreso, el poder judicial y las grandes empresas. Cuatro instituciones que hoy están en el centro de la noticia.

Pero en los últimos meses esta crisis se ha agravado a tal punto que el poco respeto que las autoridades políticas generaban ahora se ha transformado en agresividad. Observamos a diario lamentables episodios de agresión física y verbal hacia los congresistas. El respeto cívico que honraba la política chilena se pierde en un contexto de una aguda crisis de credibilidad.

Teóricamente, una crisis política debiese provocar una reacción por parte de los actores políticos. Solemos decir que las crisis son en realidad oportunidades para el cambio de los comportamientos políticos. Así sucedió —se argumenta— en el año 2003 con el caso Mop-Gate, o en el año 2007 cuando emergieron nuevos casos de corrupción. A menudo se dice que la gran virtud del proceso político chileno es que sus instituciones tienen una fuerte capacidad de reacción.

Y los hechos parecieran confirmar aquella tendencia. Los escándalos de corrupción motivaron la creación de la Comisión Engel, la generación de más de una veintena de proyectos de ley, y una serie de iniciativas de probidad y transparencia en ambas Cámaras del Congreso. Pareciera ser que las crisis y escándalos estimulan transformaciones de normas y prácticas.

Sin embargo, me temo que este optimista relato esconde una preocupante realidad: los partidos no manifiestan un interés genuino de modificar prácticas y normas que regulan su actuar. Y esto es lo que en forma sintética explicaré a continuación.

La superación de la presente crisis requiere de tres cambios en la estructura de los partidos que a la luz de los escándalos de corrupción parecen razonables: 1) establecer mecanismos de inscripción de militantes transparentes; 2) promover un principio básico de un militante un voto al interior de las colectividades políticas para propiciar la democracia interna; y 3) establecer una nueva estructura de financiamiento público de los partidos condicionado a la existencia de ciertos procedimientos de transparencia.

El gobierno envió un proyecto de ley al Congreso y los congresistas han comenzado a discutir la reformulación de la ley de partidos políticos vigente desde 1987. Sin embargo, ninguno de los tres principios enunciados hasta el momento han sido considerados en las propuestas por ellos discutidas. Así, ni la propuesta del Ejecutivo ni los cambios propiciados por los diputados han considerado la idea de establecer un procedimiento transparente y que dé garantías de ecuanimidad para el registro de militantes. Tampoco se procederá a una reinscripción íntegra de militantes.

La democratización interna de los partidos tampoco es considerada en la propuesta del Ejecutivo. Se entrega a los partidos la decisión de adaptar a sus propias prácticas el significado de lo que será una “democracia interna” descartándose el principio de un militante-un voto. Finalmente, las iniciativas discutidas en el Congreso no condicionan la entrega de recursos a los partidos al cumplimiento de determinado estándar de transparencia o incluso de democracia interna.

Paradójicamente, los legisladores activamente proponen políticas de condicionamiento en la entrega de recursos a una serie de instituciones del ámbito público y privado, pero ese mismo principio no se lo aplican asimismo. Quieren recibir dinero del Estado pero no establecen, por ejemplo, la imposibilidad de competir en elecciones si ellos no cumplen con requisitos básicos de transparencia.

Si no se modifica el tenor de los proyectos sobre partidos políticos y financiamiento de la política que actualmente se debaten en el Congreso, tendremos en el corto plazo partidos financiados públicamente pero que no están obligados a cumplir con un alto estándar de responsabilidad y transparencia.

La ley de partidos políticos y de financiamiento de la actividad política es crucial para la democracia. Por lo mismo, es esencial un mejoramiento sustantivo de los proyectos que hoy se discuten en el Congreso. La superación de la crisis de credibilidad de los partidos depende en gran parte del destino de estas reformas, y en este tema hasta el momento no se observa una actitud decidida de las tiendas políticas por transformar la forma en que han venido actuando. La única respuesta posible ante esta crisis que viven los partidos es transparencia sin renuncias. Y aquello no está pasando.

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