Columnas

24 de julio de 2015

Mala noticia: partidos no reinscribirán sus militantes

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Por Claudio Fuentes
Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.

Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.

El Consejo Asesor Presidencial Contra Conflictos de Interés, Tráfico de Influencias y Corrupción propuso entre sus medidas la reinscripción de todos los afiliados a partidos políticos. Se proponía, además, que en este proceso podría colaborar el nuevo Servel y que tal procedimiento debía considerarse como una condición básica para acceder al financiamiento estatal. Cambiar prácticas internas parecía una medida básica para construir un nuevo tipo de democracia.

¿Por qué esta medida es tan crucial? Partimos de la premisa que los partidos son centrales en una democracia: son instancias que intermedian entre las demandas sociales y el Estado; ellos proveen cargos de representación popular; contribuyen con equipos para el funcionamiento del Gobierno; y teóricamente apoyan el debate de ideas y elaboración de programas.

Si son tan vitales para el funcionamiento de la democracia, resulta imprescindible que su funcionamiento interno esté regido por altos estándares. El diagnóstico compartido es que los partidos carecen de procedimientos democráticos internos transparentes organizándose en torno a máquinas que controlan cuotas de poder. Se requiere establecer nuevos padrones de militantes porque se advierten padrones inflados, problemas con las direcciones entregadas por los afiliados y manipulación de las cúpulas de los partidos en época electoral.

Para transformar esta negativa lógica y permitir que todas las expresiones internas compitan en igualdad de condiciones, se requieren dos medidas básicas: garantizar que el proceso de afiliación de nuevos militantes sea legítimo y realizar un proceso de reinscripción de militantes. Lamentablemente, estas dos condiciones peligran en lo discutido en el Congreso.

Hoy la inscripción de militantes depende de la voluntad de una persona (usualmente el Secretario General) que visa el ingreso de estos nuevos inscritos. Conocidas son las historias de inscripciones masivas antes de una elección interna para asegurar un cupo determinado. El proyecto enviado por el Ejecutivo simplifica el proceso de inscripción de militantes pero no altera el actual mecanismo. Se requiere establecer un comité de ingreso en cada partido que dé garantías a las diferentes corrientes internas y que garantice la no discriminación (salvo lo concerniente a afinidades políticas). Así se evitarán manipulaciones del padrón a favor de una sola corriente.

Respecto de la reinscripción, en el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados se estableció un procedimiento que está lejos de parecerse a una “reinscripción”. ¿Cómo funcionará el sistema? Una vez aprobada la ley, los partidos tendrán 90 días para depurar sus padrones de militantes excluyendo a personas fallecidas, inhabilitadas, y quienes hayan renunciado, entre otros. El Servel deberá proveer esta información para cumplir con el procedimiento. De partida, parece curioso que el proyecto les asigne esta responsabilidad a los propios partidos, cuando sería muchísimo más eficiente que el órgano electoral armonice las diferentes bases de datos existentes. Hoy los partidos no cuentan con las capacidades ni con información suficiente para depurar sus listas de militantes.

Paralelamente, el proyecto establece que los partidos deberán actualizar el registro sólo de un porcentaje de militantes equivalente al 0,25% de electores que votaron en las últimas elecciones de diputados en las regiones en que está inscrito. Esto implica que los partidos de cobertura nacional deberán cumplir con un piso mínimo de actualización de fichas de antiguos militantes o incluso podrían fichar nuevos. A modo de ejemplo, los partidos requerirán presentar fichas de aproximadamente 40 militantes en la Región de Arica y Parinacota, 200 en la Región de Tarapacá, 400 en Antofagasta, 234 en Atacama, 600 en Coquimbo, 850 en O’Higgins, 1000 en el Maule, 900 en La Araucanía, 375 en Los Ríos, 700 en Los Lagos, 90 en Aysén, y 147 en Magallanes. Las regiones más demandantes serán Valparaíso, donde se requerirán 1700 militantes, Bío-Bío con 2 mil, y la Región Metropolitana que necesitará poco más de 6 mil.

Así, esta actualización (¡no reinscripción!) será relativamente sencilla en regiones con pocos electores, mientras algo más demandante en tres grandes centros poblados (Valparaíso, Concepción y Santiago). El proyecto señala que una vez aprobada la ley, los partidos tendrán 18 meses para realizar esta actualización. Se les entregará el piso basal de un 20% de financiamiento a todos los partidos legalmente constituidos. Para aquellos que no cumplan con el requisito de actualización de afiliados se les excluirá del 80% restante del aporte permanente, pero solo en las regiones donde no hayan cumplido.

¿Qué pasa con un partido que no logra cumplir con estas metas en ninguna región? Salvo la restricción en los fondos permanentes para partidos, expresamente el proyecto establece que estará en juego su disolución.

El resultado de la legislación en discusión es poco promisorio. Se organizará un sistema de depuración de padrones difuso y a cargo de los propios partidos; no se alterará el sistema de fichaje de nuevos militantes; el condicionamiento en la entrega de recursos a los partidos será parcial; y los padrones actualizados tampoco darán cuenta en forma acabada de la realidad de las tiendas políticas.Tendremos padrones de partidos con militantes históricos y actualizados. Nada más.

La exigencia de mayor transparencia y democracia en los partidos políticos se diluye en la medida que avanzan los proyectos que precisamente abordan el corazón de nuestra democracia: los partidos políticos.  El “fortalecimiento de la democracia” que anuncia el proyecto de ley será una simple quimera si no se hace cargo de elevar significativamente los estándares de la democracia interna de los partidos. Y aquello evidentemente no está sucediendo.

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