Más allá de “Mayol vs. Peña”: Precisiones sobre la universidad y la esfera pública

Publicado por Javier Couso - Alfredo Joignant el Jueves, 27 de marzo de 2014 en Columnas.

 

 

 

 

 

 

Javier Couso – Alfredo Joignant

Publicada el 27 de marzo de 2014 en El Mostrador

Uno de los rasgos desafortunados del debate público nacional es la tendencia a personalizar las disputas, lo que suele distraer de los puntos en controversia. Este parece ser el caso en relación a la columna que Alberto Mayol dirigió contra Carlos Peña en días recientes. En lo que sigue, y en el ánimo de contribuir al debate sustantivo sobre el importante tema que aborda Mayol, quisiéramos llamar la atención sobre algunos errores de hecho y comentar críticamente algunos puntos planteados por el autor de la mencionada columna.

a) En relación a la ‘colonización’ del espacio público por parte del poderoso subsistema económico nacional, no podemos estar más de acuerdo con Mayol: en Chile ello ocurre en el ámbito de la prensa establecida, en la televisión y en muchas universidades, entre otros espacios. El problema es que este no es el caso de la Universidad Diego Portales, al menos desde que (hace una década) un masivo movimiento de académicos y estudiantes forzaron la salida del ex ministro Francisco Javier Cuadra de la rectoría de la misma, lo que redundó en la seguridad de que no hay grupos económicos que ‘controlen’ a la UDP para extraer rentas. Ello ha permitido a esta universidad crecer sustancialmente en jornadas académicas, en becas a sus alumnos, en oportunidades de perfeccionamiento en el extranjero de sus académicos y en el desarrollo de iniciativas de investigación y extensión (como las que lleva a cabo la Biblioteca Nicanor Parra), así como en una importante política editorial. En este sentido, la UDP no es diferente de lo que Mayol denomina “las antiguas universidades privadas” (como, por ejemplo, la Universidad de Concepción), promoviendo debates públicos y reproduciendo la heterogeneidad de visiones e intereses que habitan en Chile.

b) En otro pasaje de su columna, Mayol insinúa que, a diferencia de lo que ocurre con la universidad en la que trabaja, en la UDP los académicos no estaríamos en condiciones de discrepar públicamente del rector Peña (“Como un simple académico de la Universidad de Santiago discrepo en esta discusión con mi jefe máximo, el rector Juan Manuel Zolezzi. Y, sin embargo, en este tipo de institución la autonomía es total y no hay ninguna posibilidad de purgas o acciones en mi contra por el mero hecho de disentir con mi jefe…”). Mayol se equivoca en contrastar tajantemente el escenario plural y tolerante que describe en su universidad con el que prevalece en la nuestra, el que a decir verdad es bastante parecido al de su institución.

Los firmantes hemos discrepado públicamente en diversas materias con Carlos Peña y nunca hemos sido objeto de acoso alguno. En efecto, una de las cosas que desde la salida de Francisco Javier Cuadra de la UDP ocurrieron en nuestra universidad fue la institucionalización de una carrera académica y sistema de evaluación que asegura autonomía discursiva a sus académicos, lo cual en años recientes se ha reforzado con la organización de una Asociación de Académicos (no impulsada por la rectoría) que vela precisamente por que la libertad de cátedra y de opinión de los académicos sea completa.

c) Mayol señala además que “toda referencia al espacio público y a la posibilidad de que él opere bajo condiciones democráticas, supone una distribución de poder equitativa entre los miembros de la sociedad… Normalmente esto se traduce en esa política pura y simple que supone que la comunidad misma participe activamente en el gobierno de la universidad y que, por ejemplo, los profesores elijan al rector”. Al respecto, hacemos notar que, aunque esta política aparece como razonable para muchos, no es algo que internacionalmente sea ‘normal’. De hecho, en universidades como Oxford, California-Berkeley, Toronto y Utrecht (por nombrar algunas instituciones académicas estatales de nivel mundial y caracterizadas por una libertad académica completa), los rectores son elegidos por los directorios de las mismas luego de procesos nacionales e internacionales de búsqueda. Por supuesto, no sería necesariamente negativo que los profesores eligieran al rector en las mencionadas instituciones (o en la UDP), pero el punto es que ello no es algo indispensable para “hacer universidad” a cabalidad.

d) Por último, y en relación a la tesis que Mayol sugiere, en el sentido que solamente lo estatal puede ser genuinamente público, ello nos parece equivocado, lo que queda de manifiesto cuando se advierte que entidades jurídicamente estatales (como TVN o BancoEstado) no se diferencian demasiado de entidades privadas de sus respectivos rubros por el hecho de ser de propiedad estatal. Mientras que, en otras latitudes, iniciativas como la ‘Public Broadcasting System’ (PBS) son de hecho públicas, aunque no estatales.

Finalmente, así como compartimos con Mayol su rechazo a la ‘colonización’ de la esfera pública chilena por parte del subsistema económico, también concordamos en que Carlos Peña no debió haber calificado de ‘tontería’ la idea de que lo público equivale a lo estatal, ya que este es un juicio innecesariamente ofensivo para quienes adhieren a dicha tesis.

Para terminar, insistimos en que no nos interesa que el importante debate planteado devenga en una descalificación del interlocutor, sino centrarnos en los puntos capitales en deliberación. Puesto en otras palabras, y como lo ha planteado Agustín Squella, “es necesario poner más atención en el juego que en los jugadores”. Estamos convencidos de que, si hacemos eso más a menudo, nuestra empobrecida esfera pública mejorará sensiblemente.

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