Columnas

19 de junio de 2018

Más penas contra la corrupción piden 58 políticos y académicos

Por Claudio Fuentes

Mayores penas para los delitos de corrupción, “adecuadas y acordes a los estándares internacionales”, según la gravedad y el daño que causan a la sociedad”, solicitan 58 personalidades y seis ONG en una carta pública dirigida al Gobierno y al Congreso.

Con el hashtag #NoALaCorrupción, acompañan una declaración en la que valoran los avances en materia de probidad, pero lamentan que, “según ha transcendido”, las nuevas penas para estos delitos aumentan levemente, casi todos en un solo grado. Además, cuestionan que se elevan solo los techos, pero no los pisos de las sanciones. “Muy pocos de ellos contemplan sanciones superiores a los cinco años, lo que hace poco probable que culpables de estos delitos cumplan penas efectivas y accedan a beneficios y salidas alternativas”, señalan.

Además critican que “los distintos gobiernos no han vacilado al aumentar las sanciones de delitos contra la propiedad (agenda corta antidelincuencia y hoy con los delitos de ‘portonazos’ y receptación de autos robados), con sanciones más altas que llegan incluso a los diez años”

Políticamente transversales (desde la UDI al FA), entre los firmantes hay 9 parlamentarios; el ex contralor Ramiro Mendoza, el ex defensor público Leonardo Moreno y ex fiscales que investigaron casos de corrupción (Penta y SQM). También hay especialistas vinculados a las fundaciones: Ciudadano Inteligente, Chile Transparente y Espacio Público (ver lista). De hecho, 18 firmantes son de esta última ONG, fundada por Eduardo Engel.

“La iniciativa nació a instancias de Espacio Público que es la nos convoca”, reconoció Alberto Precht, director ejecutivo de Chile Transparente. “Coincidimos en que el combate a la corrupción tiene que tener una preeminencia, que nuestro Derecho Penal ha sido insuficiente en el poder consolidar un catálogo de delitos contra de la corrupción” plantea Precht. Por eso, agregó, “era relevante que una serie de actores sociales nos pusiéramos de acuerdo independiente de nuestras organizaciones, sectores políticos, para pedirle al Estado que recoja estas inquietudes”.

Actualmente lo que se tramita en el Congreso (comisión mixta) es el proyecto que surgió de una moción parlamentaria que ingresó al Senado el 8 de junio del 2016 y sube la pena máxima de cohecho de 541 días máximo a presidio a 3 años y un día.

Reacción del Gobierno

Al cierre de nuestra edición y consultado por La Segunda, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, dijo que el Ejecutivo “aún no ha hecho propuestas concretas, pero las vamos a hacer, particularmente en los casos de cohecho y soborno, en donde coincidimos con la inquietud en cuanto a que las penas que están establecidas en los proyectos en discusión no son suficientes”.

En general este es un proyecto “que da un paso adelante muy significativo, fortalece en la mayoría de los delitos las penas, agrega delitos nuevos, y aumenta en forma significativa las multas. Con todo, creemos que todavía se pueda dar un paso más particularmente en algunos casos como el soborno y cohecho, que es lo que propondremos mañana en la comisión mixta que se junta en la tarde en el Senado”.

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