Columnas

12 de mayo de 2014

Momento constitucional y momento constituyente

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Alfredo Joignant Publicada el 8 de mayo de 2014 en La Segunda Reforma tributaria, transformación del mecanismo de reconversión de votos en escaños y del número de cargos a proveer en los territorios electorales, profundas modificaciones de las políticas educacionales, inicio de la reforma de los mecanismos que rigen la protección de todos ante la vejez, cambio de Constitución y, tal vez, modificación de la relación entre capital y trabajo en aquel espacio diferenciado de transacciones que llamamos mercado laboral.

Por Alfredo Joignant

Alfredo Joignant

 

 

 

 

 

Alfredo Joignant

Publicada el 8 de mayo de 2014 en La Segunda

Reforma tributaria, transformación del mecanismo de reconversión de votos en escaños y del número de cargos a proveer en los territorios electorales, profundas modificaciones de las políticas educacionales, inicio de la reforma de los mecanismos que rigen la protección de todos ante la vejez, cambio de Constitución y, tal vez, modificación de la relación entre capital y trabajo en aquel espacio diferenciado de transacciones que llamamos mercado laboral.

Es tal la cantidad de reformas en curso, comprometidas o plausibles, que predomina un cierto vértigo, un sentimiento que refleja particularmente bien la percepción de que mucho más que algo está cambiando. Alguna razón de fondo habrá para que todas estas cosas sean posibles, un cambio de las creencias de los chilenos acerca de lo que es posible y deseable, y que podríamos llamar “hegemonía”, un término que el gremialismo aborrece, al adosarle un apellido: Gramsci.

¿Cómo debiésemos llamar esta coyuntura? Si lo que está en juego fuese únicamente la Constitución, esta coyuntura equivaldría a lo que Ackerman llama, en “La política del diálogo liberal”, un “momento constitucional”; esto es, uno en que el pueblo —enunciado como metáfora— delibera intensamente acerca de la norma común. Qué duda cabe: efectivamente, existe una deliberación en curso acerca de la Constitución, en la que ciertamente no participa todo el pueblo, pero sí muchas de sus partes, desde liceanos y colegiales hasta apoderados de colegios, empresarios, trabajadores sindicalizados, hombres y mujeres comunes que firman peticiones, y tantos otros grupos invisibilizados por su propia impotencia para ser nombrados como actores (secundarios o no) de una historia común. Dicho de otro modo: es el pueblo movilizado el que delibera.

Sin embargo, no es sólo constitucional la controversia chilena, puesto que la polémica social y política abarca una considerable gama de dimensiones de la vida colectiva. Esto quiere decir, entonces, que este momento histórico no es sólo constitucional. Es también constituyente. ¿En qué sentido? Lo que se encuentra en juego hoy en Chile no es únicamente la Constitución, es también el modelo de coexistencia colectiva, que implica aspectos económicos (especialmente tributarios), educacionales y políticos. La confluencia de demandas y reivindicaciones pesadas configuran este momento constituyente, en el sentido en que se juega en él un modo de vivir y coexistir juntos.

Para enfrentar tamaña coyuntura, se requiere de mucho talento y capacidad política. El futuro corto dirá si estas competencias escasas estuvieron presentes. ¿Cómo enfrentar esta coyuntura tan particular? Precisamente distinguiendo sus dos momentos. El primero debiese traducirse en un mecanismo de tres secuencias: primero, la conformación de un grupo plural de trabajo cuya función sería redactar un borrador de nueva Constitución, en el que confluyen en igualdad de condiciones juristas, intelectuales, políticos, líderes sociales y ciudadanos comunes seleccionados bajo alguna modalidad, evitando el sesgo de tecnificar la deliberación mediante la concesión de un monopolio de la palabra a los juristas. El segundo momento es la secuencia legislativa, un momento en el que, al interior del espacio parlamentario, se forma la voluntad política de transformación (o conservación) del orden constitucional. La tercera secuencia consiste en legitimar social y popularmente el resultado de las dos secuencias previas, suponemos que a través de un plebiscito.

En cuanto al momento constituyente, la variedad y amplitud de las reformas obliga a diversificar los espacios de deliberación, sin renunciar a la laica unción parlamentaria, que es lo que finalmente legitima políticamente una cierta concepción de la coexistencia colectiva. Sin embargo, ¿será suficiente, de aquí en adelante, la unción política a la hora de implementar reformas que importan a todos?

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