Columnas

20 de noviembre de 2014

No quiero un Transantiago de la política

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Por Mauricio Morales

mauricio morales

 

 

 

 

 

Mauricio Morales

El gobierno avanza en dos reformas políticas claves. Primero, el cambio al sistema electoral. Segundo, un nuevo sistema de financiamiento de la política. Ambas propuestas van en la dirección correcta, pero requieren de importantes ajustes. Tal como están, podrían generar efectos contrarios a los genuinamente buscados.

Si todo sale bien, en 2017 se aplicará un sistema electoral más proporcional con distritos que reparten entre 3 y 8 escaños, aumentando el número de candidatos. En la última elección de diputados compitieron 470 candidatos. Con la reforma, esa cifra probablemente se duplique. Esto, no sólo porque habrá 155 escaños disponibles, sino porque los distritos serán más grandes y las coaliciones podrán presentar un candidato adicional al número de escaños a repartir en cada distrito y circunscripción. Hasta acá, todo suena razonable.

El problema está en que las reformas incluyen dos aspectos negativos.En primer lugar, la reducción de las barreras de entrada para candidatos independientes. Con la nueva ley, los independientes necesitarán la mitad de firmas, pasando del 0,5% al 0,25%. En segundo lugar, también se reducen las barreras de entrada para formar nuevos partidos, y se hará más difícil disolverlos. Por tanto, podrán surgir partidos regionales con mayor facilidad. ¿Es esto compatible con la estabilidad de régimen?  ¿Es posible combinar un sistema presidencial con un multipartidismo exacerbado? Aunque el presidencialismo puede convivir con sistemas multipartidistas, otra cosa es que lo haga con sistemas de partidos atomizados. Es decir, demasiados partidos y con un Congreso desmedidamente variopinto.

La situación se torna más complicada si el gobierno opta por financiar a todos los partidos por igual. No sólo existirá un sistema sumamente permisivo para formar partidos, sino que, además, los nuevos partidos contarán con un financiamiento inmediato. Esta es la peor opción. Seguramente los representantes de partidos pequeños, movimientos e independientes presionarán por esta alternativa, pero es evidente su efecto nefasto en la democracia. Los aportes basales deben ir en función del desempeño electoral de los partidos. No se puede premiar a quienes sólo son capaces de constituir un partido, más aún con las bajas exigencias que sugiere la reforma. Es acá donde hay que poner freno a la situación con la suficiente valentía. Es muy fácil ser cooptado por pequeños grupos o representantes que, a cambio de votar a favor de la reforma, se les facilite el camino para formar partido y, luego, ser financiados. Alguien debe detener este posible Transantiago de la política.

Se ha dicho que para financiar a los partidos el fisco tiene suficientes recursos. Como está votando poca gente, entonces el fisco queda con dinero disponible para solventar estos gastos. A menos participación, menos devolución hacia los candidatos. Si esto es cierto, la situación es grave. Llegaríamos al absurdo de financiar la política debido al desplome de la participación.

Ojalá que el gobierno tome buenas decisiones. Hay que mantener las reglas para formar partidos e inscribir candidatos independientes. Incluso, creo que habría que aumentarlas. Las reformas avanzan descontroladamente hacia un sistema muy permisivo. ¡Cuidado! Hay costos que, más adelante, podríamos lamentar: mayor fragmentación, más actores de veto, aumento en los costos de negociación en el Congreso, estancamiento de la agenda y, por tanto, mayores dificultades para la gobernabilidad democrática. Bastaría con corregir los dos aspectos señalados para que la reforma adquiera los indispensables niveles de moderación. No es correcto dar en el gusto a los más recalcitrantes que buscan abrir indiscriminadamente el sistema, como si eso fuera sinónimo de una mejor democracia cuando, en realidad, no es más que una irresponsabilidad política de envergadura.

Ver columna original en La Tercera.

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