Paraguay: Todos están equivocados, todos tienen la razón

Publicado por Sébastien Dubé el Jueves, 28 de junio de 2012 en Columnas.

Sébastien Dubé

Los partidarios de Lugo tienen la razón; el mandatario fue víctima de un golpe. Sin embargo, sus opositores también tienen la razón, la destitución fue acorde a la Constitución. Esa situación compleja lleva a otro cuestionamiento: ¿cuán bueno y legítimo resulta aplicar una Constitución mala que permite tan fácilmente los abusos?

La crisis en Paraguay permite destacar algunos avances y debates pendientes acerca del papel de las instituciones en un sistema político democrático. La naturaleza del proceso que llevó a la salida del poder del Presidente electo Fernando Lugo, a menos de un año del fin de su mandato, significa dos cosas: el triunfo indiscutible de las instituciones, pero también la existencia de instituciones maleables y permeables a las presiones partidistas y otras manipulaciones. De ahí, la confusión acerca de la legalidad y de la legitimidad del gobierno de Federico Franco.

Sin caer en excesos de cinismo, se puede decir que la transición ha sido manejada de manera ordenada y eficiente por los que querían asegurarse que el Presidente Lugo no terminara su mandato. Un poco más de diez años atrás, las peleas internas dentro del Partido Colorado (en el poder durante más de 60 años seguidos) llevaron a la participación directa del Presidente en el asesinato de su vicepresidente y a varios intentos golpistas de un ex general. En aquella época, las presiones internacionales, particularmente de los socios del MERCOSUR, facilitaron el mantenimiento del orden democrático en el país. O, para hablar en términos más justos considerada la baja calidad del régimen democrático paraguayo, las presiones de Brasil, Argentina y Uruguay evitaron que el país fuera gobernado por un régimen de facto.

Es decir, en un poco más de una década, las elites tradicionales paraguayas aprendieron que resulta más eficiente aplicar al pie de la letra una normativa legal y constitucional borrosa que suspender las instituciones. Claramente, un golpe “tradicional” no habría permitido obtener el reconocimiento diplomático de países como España, Alemania y Canadá tan rápidamente.

Para los puristas de la institucionalización de la política, la transición paraguaya fue legal. La Constitución paraguaya permite que la Cámara de Diputados deposite una acusación contra el Presidente y que el Senado sea el juez que declara la inocencia o la culpabilidad del acusado. En otros términos, en circunstancias excepcionales, la Constitución plantea que no se requiere la participación del poder judicial. El poder legislativo tiene el derecho de hacerse cargo de una investigación judicial, de escuchar a los acusadores y a los acusados y de rendir su veredicto. En los hechos, es lo que ocurrió. La institucionalidad fue respetada.

Ahora, cualquier observador preocupado por la calidad de la democracia puede plantear por lo menos dos críticas básicas a la Constitución paraguaya y a la manera por la cual se destituyó al Presidente electo. Primero, que el poder legislativo pueda reemplazar al poder judicial no es, para decir lo menos, concorde con la necesaria separación de poderes. Segundo, ni un delito penal cometido por un ciudadano común y corriente puede resolverse entera y jurídicamente en un par de horas. Una investigación que involucra la responsabilidad del Presidente de la República en un acto sangriento pero aislado, requiere algo más de tiempo para quién quiera saber realmente lo ocurrido y determinar la responsabilidad física o intelectual de sus actores.

Al final, lo que se puede concluir del evento es la alta complejidad de lo que podría llamarse los “Golpes 2.0”. Porque claramente, en Paraguay ocurrió un golpe. El aire triunfante del Vicepresidente y de los parlamentarios, la rapidez del proceso, los controles mediáticos y la celeridad con la cual se formó un nuevo gabinete –en un periodo de crisis– demuestran que los opositores a Lugo tenían su plan bien armado y que estaban a la espera del pretexto para ponerlo en marcha.

Por lo anterior, llegamos a una paradoja. Los partidarios de Lugo tienen la razón; el mandatario fue víctima de un golpe. Sin embargo, sus opositores también tienen la razón, la destitución fue acorde a la Constitución. Esa situación compleja lleva a otro cuestionamiento: ¿cuán bueno y legítimo resulta aplicar una Constitución mala que permite tan fácilmente los abusos?

Infelizmente, solo existe una buena respuesta. Es preferible una Constitución mala a la falta de una Constitución. Es decir, es mejor tener normativas y leyes malas y diseñadas para permitir los abusos que no tener ninguna. Irónica y felizmente, la misma borrosidad de las normas ahora permite a los gobiernos y organizaciones internacionales no reconocer al Gobierno Franco por su inconformidad con los principios democráticos, a pesar de su origen constitucional.

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