Columnas

2 de abril de 2015

Partidos políticos: ni primarias ni límite a la reelección

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Por Mauricio Morales
Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral UDP

Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral UDP

 

 

 

 

 

 

 

 

Mucho se habló en cuanto a que la utilización de primarias como mecanismo de selección de los candidatos era el mejor camino para reencantar a los ciudadanos con la política, aproximándolos a la toma de decisiones. Sin embargo, las primarias no necesariamente funcionan así. De hecho, comparando las comunas donde la Nueva Mayoría hizo primarias en 2012, con aquellas donde el candidato se definió desde “arriba”, no se encuentran diferencias en el volumen de participación, aunque existe evidencia de que las primarias mejoran marginalmente la elegibilidad de los candidatos.A nivel interno, las primarias suelen generar roces entre las distintas facciones de los partidos, produciéndose conflictos que terminan por desmembrar la organización. Por tanto, cuesta sostener la idea de que las primarias favorecen la participación política, y que logren fortalecer a los partidos. Al contrario, en lugar de apuntar hacia la institucionalización del partido, pueden contribuir a la personalización de la política.

Otra propuesta para oxigenar la política y mejorar la labor de los partidos, es colocar límites a la reelección. No obstante, nada garantiza que la renovación de caras implique un empuje de las buenas prácticas, como tampoco que los nuevos representantes sean más capaces que los antiguos. Por último, son los ciudadanos quienes deciden reelegir o dar de baja a su representante. En México -un caso prototípico de límite inmediato a la reelección- se aprobó una reforma que permite que diputados y senadores compitan por más de un período.

Suele subrayarse el bajo nivel de confianza de los ciudadanos en los partidos, proponiéndose como solución una Nueva Constitución, y ojalá, mediante Asamblea Constituyente. En realidad, el problema es algo más complejo, siendo muy probable que estos niveles de confianza no suban significativamente en toda la década. Además, la evidencia objetiva no apoya la tesis de la crisis de representación. El 97% de los diputados, 94% de Cores, 90% de concejales y 84% de los alcaldes fueron electos en las listas que agrupan a los partidos tradicionales. Cualquier analista que observe tales cifras podrá argumentar, con justa razón, que en Chile existe una evidente crisis de confianza o credibilidad, pero que aún no se da paso a una crisis de representación. Para que esto ocurra, es necesario que se presenten simultáneamente las dos condiciones: crítica generalizada hacia las instituciones, y caída significativa de la representación de los partidos tradicionales. Esto último sólo se puede evaluar con datos electorales.

Es cierto que la participación se ha deprimido bruscamente debido al voto voluntario, pero los que siguen votando aún mantienen lealtades con los partidos tradicionales independiente del tipo de sistema electoral con que se compite. Por tanto, uno de los desafíos para mejorar la condición actual de los partidos pasa por insistir en un amplio plan nacional de educación cívica. No basta con un par de cursos en tercero o cuarto medio. El proceso debe iniciarse en la educación básica, mediante el uso de didácticas democráticas. En segundo lugar, y tal como señala el proyecto de ley que impulsa el gobierno para regular el financiamiento de la política, los partidos debiesen estar obligados a realizar actividades de formación y proselitismo más allá de los años electorales.

En tercer lugar, los partidos deben rendir cuentas ante la ciudadanía tanto sobre propuestas de reformas impulsadas por sus representantes en el Congreso, como del desempeño de sus autoridades locales. Los partidos tienen el deber de informar, y la ciudadanía tiene el derecho de acceder a esa información.

En cuarto lugar, es muy necesario que se eleven los requisitos para formar partidos en Chile, y que no cualquiera pueda acceder a los recursos estatales. La solución no pasa por reducir las barreras de entrada estimulando la emergencia de partidos regionales, pues podrían aumentar innecesariamente la fragmentación política. Eso, más que un avance, podría implicar una proliferación de partidos que termine por arruinar todo el proceso de reforma.

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