Columnas

1 de octubre de 2014

Platas reservadas y nuevo régimen de financiamiento político

Por Claudio Fuentes

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Claudio Fuentes

En la última elección presidencial, 7 de las 9 candidaturas que compitieron en primera vuelta recibieron recursos anónimos y/o reservados para financiar sus campañas –aunque, como veremos, de modo muy desigual–. Recordemos que la ley vigente estructura el financiamiento electoral a partir de dos fuentes: aportes privados que pueden ser anónimos, reservados o públicos; y aportes estatales que se otorgan en relación a los votos obtenidos.

En términos absolutos, la candidata que más recibió aportes reservados/anónimos directos fue Matthei ($2 mil 300 millones), seguida de Bachelet ($2 mil 259 millones), Enríquez-Ominami ($240 millones), Jocelyn-Holt ($19 millones), Parisi ($5 millones), Miranda ($2.4 millones), y Sfeir ($138 mil). Claude e Israel no recibieron este tipo de aportes.

Ahora bien, para evaluar apropiadamente el impacto que tienen los aportes reservados/anónimos en una campaña, debemos observarlo en relación al gasto total de dicha campaña (que incluye aportes privados y el subsidio estatal). Al realizar este ejercicio, vemos que para Matthei los aportes reservados representaron el 66,5% del costo total declarado de su campaña; para Bachelet representaron un 42%; para Enríquez-Ominami un 32%; para Jocelyn-Holt un 20%; y para el resto de las campañas menos de 2% en promedio.

Convendría advertir que existe una fortísima desproporción en el esfuerzo que las diferentes opciones presidenciales hicieron para resultar electas. Por ejemplo, de los $10 mil 631 millones declarados como gasto en campaña, las dos candidaturas principales (Bachelet y Matthei) concentraron el 83,3% del total ($8 mil 851 millones).

De esta forma el esquema actual, al menos desde el punto de vista del financiamiento obtenido por aportes privados, ha favorecido claramente a las dos coaliciones principales. Adicionalmente, los actores privados (empresas mayoritariamente) han optado por realizar donaciones reservadas a estas dos candidaturas principales. Llama la atención que, en el caso de Matthei, el 100% de los aportes de privados fue de carácter reservado.

Los defensores de mantener los aportes reservados sostienen tres argumentos en su defensa. Primero, la combinación de esta cláusula de reserva y los beneficios tributarios que obtienen las empresas por realizar aportes sería la mejor garantía para estimular donaciones. Segundo, el sistema garantiza el anonimato de quienes realizan las donaciones porque el Servel actúa de intermediario y existe un sistema que fracciona las donaciones realizadas por estos donantes. Finalmente, agregan, un sistema totalmente transparente alentaría, de acuerdo a esta visión, mayores ilegalidades de las que actualmente podríamos experimentar. Como los empresarios aparentemente no estarían dispuestos a realizar donaciones en forma pública, entonces se reducirían sustantivamente sus aportes. Como los actores políticos igual querrían ser electos, buscarían financiar sus campañas con aportes privados, lo que al final del día estimularía la entrega de platas “negras” a las campañas.

Pero estos tres argumentos son cuestionables por diversas razones. Recién vimos que –particularmente en el caso de la derecha– los aportes reservados fueron cruciales en sustentar financieramente la campaña (66,5%). En el caso de la Nueva Mayoría fue también muy relevante (42%), aunque parece observarse un aumento en las donaciones de privados realizadas en forma pública. Es decir, efectivamente el sistema estimula las donaciones de empresas, pero lo hace marcando una profunda desigualdad entres quienes compiten por el poder. Las donaciones no son ni neutrales ni se distribuyen equitativamente, lo que sin duda afecta a la competencia democrática.

Desde el punto de vista de la garantía de la reserva, para los partidos políticos resulta muy sencillo llevar una contabilidad paralela y conocer con certeza quiénes realizan grandes donaciones. La mayoría de las donaciones reservadas son de empresas (96%) y, de acuerdo a lo informado por el Servel, se trata de un universo muy pequeño de corporaciones (309 empresas). Si a ello agregamos que los partidos y candidaturas presidenciales realizan una “pasada de sombrero” con el mundo empresarial, tal como lo han reconocido los representantes de los empresarios, la conclusión es obvia: la reserva es un procedimiento formal que esconde el interés de los actores empresariales de no dar a conocer públicamente el monto y candidatura que se está apoyando.

Finalmente, argumentar que un sistema totalmente transparente estimularía la corrupción es equívoco. Hoy, con o sin reserva, existen fuertes incentivos para subdeclarar gastos de campaña. No es la transparencia la que estimula la corrupción, sino que es la falta de mecanismos efectivos de fiscalización de los gastos de campaña. Muy por el contrario, la transparencia ayudaría a determinar con mayor precisión qué sectores económicos están favoreciendo a determinadas candidaturas y cómo ello se ve reflejado en los intereses que posteriormente defienden los actores políticos.

Lo que el país requiere discutir es un nuevo régimen de financiamiento de la política. Un régimen que debiese guiarse por principios de transparencia, equidad y control democrático. Lo anterior supone un régimen principalmente público –y subsidiariamente privado–; un régimen que permita condiciones equitativas de competencia; y un régimen que castigue a quienes infringen la ley. Debemos cambiar el paradigma actual que promueve la opacidad, genera desigualdad en el acceso a recursos y donde el control democrático está totalmente ausente.

Ver columna original en El Mostrador.

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