Proyecto de financiamiento de fuerzas armadas bajo escrutinio

El Director del ICSO-UDP, Claudio Fuentes, fue invitado por la Comisión de Defensa del Senado, a exponer sobre el proyecto de ley que establece un nuevo sistema de financiamiento para las fuerzas armadas. Aunque el académico valoró la idea de reformar la actual “ley del Cobre”, criticó varios aspectos del proyecto en discusión en el Congreso.

En primer lugar cuestionó algunos de los fundamentos del proyecto, incluyendo la propuesta del Ejecutivo de establecer dos excepciones: reafirmar la idea que sólo el presupuesto de Defensa tenga pisos mínimos para los gastos generales de la Defensa—que ya existen en la ley orgánica de las FFAA, y establecer la plurianualidad para el financiamiento de adquisiciones militares. “¿Por qué en éste y no en otros sectores de la administración del Estado como la educación, se podrían establecer este tipo de excepcionalidad?” sostuvo Fuentes.

Pero adicionalmente,  sostuvo que el proyecto en discusión no es coherente y armónico con la actual normativa que regula al sector de la Defensa.  Por ejemplo, sostuvo que el proyecto establece un nuevo mecanismo para determinar los recursos para el desarrollo de las actividades generales de las Fuerzas Armadas. Indica el proyecto en el propuesto artículo 94 que “los comandantes en jefe de las respectivas instituciones propondrán al ministerio de defensa nacional sus necesidades presupuestarias”.  Al respecto la actual normativa orgánica del Ministerio de Defensa ya establece un procedimiento de elaboración del presupuesto. La ley 20.424 indica en su artículo 21, letra g) que le corresponderá a la subsecretaría de las Fuerzas Armadas “formular y evaluar, en coordinación con el Subsecretario de Defensa, el anteproyecto de presupuesto del Ministerio de Defensa Nacional, incluyendo los anteproyectos de presupuesto de las instituciones armadas propuestos por sus comandantes en jefe”.

Así, en el actual fraseo del proyecto se excluye cualquier consideración a la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas y a la de defensa, que son los encargados de formular el presupuesto.

Sostuvo además, que los Ministerios de Relaciones Exteriores, Hacienda,  y el propio Congreso Nacional quedaban en una posición disminuida en el debate sobre las definiciones centrales de la Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa.

El proyecto establece dos pisos mínimos, uno para los gastos generales de las Fuerzas Armadas y otro para la adquisición de material bélico. El primero no podrá ser “inferior al asignado en la Ley de Presupuestos aprobada y ejecutada para el año 1989” corregido por el IPC (artículo 96). El segundo piso para la adquisición de materiales no podrá ser “inferior al 70% del monto promedio de los gastos en operación y sostenimiento e inversiones en material bélico, entre los años 2006 y 2010” (Artículo 101).

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