Observatorio Derechos Humanos

(para detalle ver abajo)

1. Mayo 2013: Ex dictador argentino muere en la cárcel a los 87 años

2. Mayo 2013: Ex dictador de Guatemala hallado culpable de genocidio y crímenes de lesa humanidad

3. Mayo 2013: Caso Woodward concluye sin penas de cárcel

4. Abril 2013: Juez chileno cumple rol de observador internacional en juicio por genocidio en Guatemala

5. Abril 2013: Fiscal uruguaya presenta recusación contra 4 ministros de la Suprema por actuación en causas ddhh

6. Abril 2013: Polémica por pasado del nuevo Papa en relación a los desaparecidos de la Guerra Sucia argentina

7. Marzo 2013: Investigador Observatorio alega en causa Chile ante la Corte Interamericana

8. Marzo 2013: Argentina conmemora nuevo aniversario del golpe de estado

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Detalle de Noticias

MAYO 2013:

1) Ex dictador argentino muere en la cárcel a los 87 años

Jorge Rafael Videla, ex general golpista y dictador de Argentina entre 1976 y 1981, falleció el 17 de mayo mientras cumplía sentencia de cadena perpetua en el penal de Marcos Paz, Buenos Aires, por crímenes de terrorismo de Estado. El ex mandatario de facto estaba sujeto a varias condenas y se encontraba bajo juicio actualmente, junto con 24 imputados más, por su rol en la conspiración ilícita Operación Cóndor, una red de represión que operaba en Chile y

otros países del Cono Sur y de Brasil durante los 1970 y 1980. Ya había sido condenado en 1985, en el conocido Juicio a las Juntas, pero fue indultado en 1990 por el entonces presidente Menem. Su nueva trayectoria carcelaria empezó en 1998 cuando, a tan solo días del arresto de Augusto Pinochet en Londres, Videla fue enviado a prisión preventiva por el secuestro de niños nacidos durante el cautiverio ilegal de sus madres, detenidas políticas muchas de las cuales luego fueron forzosamente desaparecidas. Fue traslado al cárcel común donde acaba de fallecer en aproximadamente 2010, como parte de una política de la justicia argentina para hacer cumplir las sentencias contra ex militares en igualdad de condiciones con sus pares civiles y los demás presos comunes.

Videla es considerado uno de los principales ideólogos de un régimen militar cuya crueldad fue particularmente marcada por antisemitismo y anticomunismo. Nunca se arrepintió de los miles de muertes y torturas que había ordenado, refiriéndose durante sus múltiples juicios a la ‘guerra justa’ que creía haber librado. En su momento fue responsable de la censura y prohibición de iconos culturales tales como los cantantes Mercedes Sosa y Piero e incluso el libro infantil ‘El Principito’, del autor francés Antoine Saint-Exúpery. Se estima que murieron o desaparecieron entre 10.000 y 30.000 personas durante la reina de terror iniciado por Videla, Massera y Agosti y luego continuado bajo las ‘presidencias’ de Roberto Viola y, finalmente, Leopoldo Galtieri y Reynaldo Bignone. Las juntas militares cayeron en 1983 luego de una derrota militar en la guerra de las Malvinas. Desde 2005, cuando fueron terminantemente revocados las leyes de amnistía que protegían a los ex militares, Argentina se considera entre los países que más enérgicamente ha avanzado con la persecución penal doméstica de perpetradores de crímenes de lesa humanidad.

Foto: Jorge Videla

2) Ex dictador de Guatemala hallado culpable de genocidio y crímenes de lesa humanidad

El día 10 de mayo se vivieron dramáticas y emotivas escenas en los alrededores del tribunal en la capital guatemalteca donde José Efraín Ríos Montt fue finalmente hallado culpable de genocidio contra el pueblo Ixil y de otros crímenes de lesa humanidad. El otrora mandatario presidió el país durante parte de una guerra ‘contrainsurgente’ que habría eliminado casi 200.000 personas en el país centroamericano en las décadas anteriores a los acuerdos de paz firmados en 1996. El juicio fue el resultado final de un largo sendero iniciado por familiares y sobrevivientes en 1999, cuando la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchu, inspirada en parte por la detención de Augusto Pinochet en Londres en 1998, presentó un pleito por genocidio ante las cortes españoles. La investigación en Europa fue varias veces suspendida y retomada, culminando en unas peticiones de extradición que, al ser denegadas, abrieron paso finalmente para la reinvigoración de querellas nacionales contra algunos de los mismos imputados.

El impulso a la justicia en un país con notorias debilidades en su estado de derecho fue acentuado, a pesar de la elección a la presidencia de un ex militar también acusado de responsabilidad en crímenes de represión, cuando en 2010 la respetada Claudia Paz y Paz fue ascendida al puesto de fiscal general de la nación centroamericana. Sumándose a los esfuerzos de los familiares y de ONGs coadyuvantes como CALDH Guatemala y CJA (EEUU), la fiscal pidió acusación formal contra Ríos Montt y su anterior jefe de inteligencia, José Rodríguez Sánchez. El juicio oral empezó en marzo y culminó, luego de sobrevivir una serie de irregularidades y presiones aparentemente apuntados a desviarlo, el día 10 del presente mes, bajo la jueza Yasmin Barríos. Si bien Rodríguez fue absuelto, Ríos Montt fue condenado a 50 años por genocidio y 30 por crímenes de lesa humanidad. Aspectos notables del juicio, observado por un panel de juristas internacionales que incluían al ministro chileno Alejandro Solís (ver más abajo), son la exitosa comprobación del crimen de genocidio, notoriamente difícil de enjuiciar. También figura el valiente testimonio de muchas mujeres de la etnia Ixil quienes cubrían sus cabezas mientras hablaban de la violencia sexual a la que habían sido sometida como consecuencia de la política de ‘tierra arrasada’ practicada por el Ejército contra la población rural durante el conflicto armado. Las evidencias incluían rodaje de un documental estadounidense, filmado en aquellos años, en que Ríos Montt asegura tener control absoluto sobre los hombres a su mando.

El veredicto debe pasar ahora por etapas de apelación hasta confirmarse. Mientras tanto, el condenado guarda prisión. Se puede encontrar información actualizada en http://www.plazapublica.com.gt/ (castellano) o www.riosmontt-trial.org(castellano e inglés). El juicio incorpora evidencias audiovisuales de los documentalistas Pamela Yates y Paco de Onís: ver la página www.skylightpictures.com , sobre el largometraje Granito de Arena.

Fotos: Rios Montt en los 1980, y durante el juicio. Un graffiti en Guatemala en que figura ‘pido castigo’, una cita de Pablo Neruda

3) Caso Woodward concluye sin penas de cárcel

El secuestro, tortura y presumido posterior asesinato de un sacerdote británico-chileno, ocurrido en 1973 en Valparaíso, hoy fue resuelto sin ninguna pena de cárcel por el ministro Julio Miranda Lillo. El juez, cuyo actuar en la causa ha sido cuestionada en repetidas ocasiones por los litigantes de la causa, determinó que de las pocas personas que seguían procesados en la causa, 6 podrían ser absueltos (1 por razones de salud) mientras que solamente a dos correspondía atribuir responsabilidad penal. Las penas fueron, no obstante, mínimas. De ser confirmadas en apelación, ninguno de los dos cumplirá un día de cárcel por el secuestro y posterior desaparición del cura.

Se reproduce a continuación la resolución oficial respecto de cada uno de los 8 acusados.

-José Manuel García Reyes: 3 años y un día de presidio, con beneficio de libertad vigilada;
-Héctor Fernando Palomino López: 3 años y un día de presidio, con beneficio de libertad vigilada;
-Manuel Atilio Leiva Valdivieso: absuelto por aplicación del artículo 10, Nº 1 del Código Penal, al determinarse su demencia;
-Carlos Alberto Miño Muñoz: absuelto por falta de participación;
-Marcos Cristián Silva Bravo: absuelto por falta de participación;
-Guillermo Carlos Inostroza Opazo: absuelto por falta de participación;
-Luis Fernando Pinda Figueroa: absuelto por falta de participación, y
-Bertalino Segundo Castillo Soto: absuelto por falta de participación.

Cabe señalar que existen dos personas más involucradas en la causa, sobre las cuales el tribunal no se pronuncio por encontrarse éstas fallecidas.

En el aspecto civil, el magistrado determinó que el Fisco debe pagar una indemnización de $50.000.000 (cincuenta millones de pesos) a la hermana de la víctima, por concepto de daño moral.

La hermana y cunado del Padre Woodward siempre han buscado activamente justicia para esta causa y para todas las víctimas y sobrevivientes del Buque Esmeralda, el centro clandestino de tortura donde Miguel y decenas de otras personas fueron llevados después del golpe de Estado. Han viajado frecuentemente donde su lugar de residencia en España para monitorear e impulsar el avance de la investigación. Frente al presente fallo, emitieron una declaración agradeciendo a quienes han apoyado activamente su búsqueda de justicia, corrigiendo el relato de los hechos que el fallo contiene, y llamando al Presidente de la Republica a impulsar reformas en la manera de investigar y sancionar a graves crímenes como este. En particular, cuestionan las leves sentencias y la ausencia de veredictos contra los oficiales involucrados en el crimen. Dan aviso de su intención de continuar con la causa agotando toda vía de apelación a su disposición

La Embajada Británica, que ha apoyado activamente a la familia del asesinado sacerdote en su búsqueda de justicia, en particular en el último período bajo el mandato del actual embajador Jon Benjamin, emitió en seguida una declaración pública. En ella, se resalta la necesidad de señalar firmemente el repudio a crímenes del pasado a la vez que se reitera el llamado a colaborar con el descubrimiento del paradero del fallecido clérigo.

Pincha aquí para ver el fallo completo

Pincha aquí para ver la declaración de la familia

Pincha aquí para ver la declaración del Embajador Britanico

Foto: Miguel Woodward

ABRIL 2013:

4) Juez chileno cumple rol de observador internacional en juicio por genocidio en Guatemala

El Ministro Alejandro Solís, recientemente jubilado de su puesto como ministro de fuero en causas ddhh en Chile, formó parte de un grupo de destacados juristas y expertos internacionales que viajó a la Ciudad de Guatemala a mediados de abril. Los letrados asistieron a lo que se previa serían las últimas audiencias en la causa que acusa al ex mandatario de facto General Efraín Ríos Montt de presidir sobre intentos de genocidio en contra de la etnia Ixil en el país centroamericana, durante la cruenta guerra ‘contrainsurgente’ que dejó un saldo humano de hasta 500.000 muertos entre 1960 y 1996.

La causa representa una alternativa domestica a acciones previas iniciadas en Espana por los mismos crímenes, motivadas en parte por la detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet en Londres en 1998 en el curso de una investigación similar. El actual juicio doméstico es impulsado por una docena de organizaciones de sobrevivientes, familiares y activistas. Ha sido sindicado como un puesto a prueba para el frágil sistema de justicia guatemalteco, y para la actual fiscal general Claudia Paz y Paz, personaje vinculado con el mundo de los ddhh que ha luchado de modo valiente contra el crimen organizado y la corrupción en Guatemala desde que asumió su puesto.

Los mismos poderes facticos que hace tres décadas usaron el ejército y los escuadrones de muerte para defender los intereses de los privilegiados librando una guerra de tierra arrasada contra los campesinos organizados trataron de impedir el juicio con amenazas, intimidación y tácticas dilatorias. El día 19 de abril, el comité de expertos presenció escenas extraordinarias en los tribunales cuando la defensa de Ríos Montt, valiéndose de la orden claramente irregular de una jueza de instancia inferior, se retiraron de la audiencia a pesar de la expresa prohibición de la magistrada que presidía. Acto seguida se declaró en suspensión el juicio, mientras la Corte de Constitucionalidad no pronunciara sobre la correcta interpretación de un edicto suyo ordenando la incorporación formal de unos datos al expediente, según una petición de la defensa ya de larga data. La curiosa medida, a través de la cual la jueza pretendió retrotraer la causa a su estado de 2011, a pesar de carecer claramente de la competencia ni la fundamentación en el código penal para hacerlo, genero una ola de protesta internacional. Múltiples voces, desde la ONU a una selección de premiados Nobel de la Paz, imploraban al gobierno del ex general Otto Pérez Molina velar por el correcto funcionamiento del poder judicial y su aislamiento de todo tipo de presión política.

Ya para inicios de mayo la presión parecía surtir efecto, por lo menos en forma parcial: el juicio se reanudó en los primeros días de mayo, culminando el día 10 con un veredicto de culpable contra Rios Montt (ver arriba)

En comunicación con el Observatorio, el ministro expresó su satisfacción al haber podido servir en dicha función de observación y monitoreo, si bien se pronunciaba impactado al ver la crudeza con la cual las fuerzas anti-democráticas operaban en contra del estado de derecho durante el juicio.

Se puede encontrar información actualizada en http://www.plazapublica.com.gt/ (castellano) o www.riosmontt-trial.org(castellano e inglés). El juicio incorpora evidencias audiovisuales de los documentalistas Pamela Yates y Paco de Onís: ver la página www.skylightpictures.com , sobre el largometraje Granito de Arena.

Foto 1: El ministro Solís con un colega en los tribunales guatemaltecos

Foto 2: Los distinguidos observadores internacionales del juicio a Ríos Montt: Fiscal Avelino Guillen, Perú (fiscal caso Fujimori); Ministro Alejandro Solís, Chile (ministro causas ddhh); jueza María del Carmen Roqueta, Argentina (caso Videla); Fiscal Mirtha Guianze, Uruguay (caso Bordaberry)

5) Fiscal uruguaya presenta recusación contra 4 ministros de la Suprema por actuación en causas ddhh

La fiscal Ana Maria Tellechea, quien está a cargo de la causa por la muerte de Aldo Perrini, tomo la medida luego de que el presidente de la Corte, Jorge Ruibal, declaró a la prensa que él y tres colegas presentarían un ‘muro’ contra cualquiera que pretendía judicializar crímenes de lesa humanidad. Su declaración tomo lugar luego de que el máximo tribunal declaró inconstitucional un nuevo estatuto , Ley 18,831, aprobado por el parlamente uruguayo para restablecer las facultades punitivas del Estado en relación a dichos delitos.

6) Polémica por pasado del nuevo Papa en relación a los desaparecidos de la Guerra Sucia argentina

La elección en marzo 2013 del entonces cardenal Bergoglio, sacerdote jesuita y nativo de Argentina, al máximo puesto de autoridad de la Iglesia Católica provocó el júbilo de algunos coterráneo. Pero desato más bien incredulidad entre quienes cuestionan sus acciones durante el periodo de terror de estado de 1976 a 1983. El cuestionamiento se centra en el rol que jugó el clérigo antes y durante el arresto y tortura de dos colegas, jesuitas objetos de represión por su ministerio entre los pobres. También se cuestiona el negativo de Bergoglio de haberse enterado durante los 1980 de la práctica de robo de bebés, a pesar del testimonio de actuales activistas de la organización Madres de la Plaza de Mayo quienes aseguran haberle pedido infructuosamente al entonces vicario que intercediera ante las autoridades de facto en el tema. En una de sus primeras audiencias públicas en abril, el ahora Papa Francisco recibió una petición de Estela de Carlotto, dirigente de las Abuelas de la Plaza de Mayo, para que se abra los archivos del Vaticano de la época.

MARZO 2013:

7) Investigador Observatorio alega en causa Chile ante la Corte Interamericana

Los días 20 y 21 de marzo del presente año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos conoció en Bogotá, Colombia los alegatos finales orales y la declaración de la víctima en el caso García Lucero contra Chile, causa en que se alega denegación de justicia y falta de reparación adecuada por parte del Estado chileno en relación con la tortura, detención arbitraria y exilio. El querellante es el sobreviviente don Leopoldo García Lucero, actualmente residente en Londres, Inglaterra. Este es el primer caso conocido por la Corte por posibles violaciones de la Convención Americana en relación a una persona sobreviviente de los crímenes represivos de la dictadura militar chilena. El equipo internacional de abogados representando al Sr García incluía a Juan Pablo Delgado, egresado de la Facultad de Derecho de la UDP y actual investigador jurídico del Observatorio. También participó Cath Collins, directora del Observatorio, a través de una declaración jurada como perito experto en relación al tema del alcance de las actuales medidas de reparación nacionales. Se espera saber en mayo los resultados del caso.

Foto: Juan Pablo Delgado de la UDP, junto con Clara Sandoval de la Universidad de Essex, Inglaterra en las audiencias del caso García Lucero

8) Argentina conmemora nuevo aniversario del golpe de estado

Este marzo se registraron 36 años desde el golpe de estado que desato la más reciente ola de terrorismo de Estado en la Argentina. Este año, nuestro socio el Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, dio a conocer las más recientes estadísticas, mostrando que de las 91 sentencias por crímenes ddhh del periodo dictatorial emitidas desde la reanudación masiva de las causas en 2006, solamente 14 han llegado a su etapa final de confirmación (usualmente en la Corte Suprema). Es por ello que, a pesar de unos resultados superiores a los de Chile en cuanto a prácticas jurídicas y aplicación de sentencias proporcionales, CELS se muestra aun desconforme con el ritmo de avance de los juicios argentinos en su etapa final. En consecuencia, solamente 28 de los 370 perpetradores ahora condenados cuenta con una sentencia absolutamente firme. Para mayores detalles consulta www.cels.org.ar/wpblogs