Columnas

31 de agosto de 2020

Chile es parte de la ola regional de restricción a la inmigración

Por Victoria Finn y Sebastián Umpierrez de Reguero

Este artículo ofrece un análisis crítico de las últimas medidas inmigratorias de Chile, que cierran las puertas para algunos venezolanos y haitianos. Se trata de políticas alineadas con un contexto regional donde disminuye la integración y retrocede la libertad de los individuos para moverse y residir. Los autores revisan los decretos presidenciales de 2018 y sostienen que, al enfocarse en nacionalidades específicas, contradicen el principio de igualdad de trato para todos.

El gobierno de Sebastián Piñera implementó en 2018 dos decretos ejecutivos relacionados con la inmigración, al tiempo que instaló un proceso de regularización. Dichos cambios discriminan la entrada a Chile de personas de dos nacionalidades (haitiana y venezolana) y también a cierren la puerta a personas de menores ingresos. Como argumenta Diego Acosta, esas políticas no ofrecen soluciones de largo plazo para la inmigración irregular. En consecuencia, no protegen efectivamente los derechos de los inmigrantes, ni los intereses de la seguridad nacional.

El lenguaje en que están redactados los decretos sugiere que el gobierno promueve una política inclusiva[1] lo que encaja adecuadamente con el consenso sobre los Derechos Humanos de los migrantes, por ejemplo, con lo señalado en la Conferencia Suramericana sobre Migraciones y del Pacto Mundial sobre Migración. Sin embargo, un escrutinio más profundo indica que, dichas políticas, tienen por objeto reducir la entrada de haitianos y venezolanos a Chile. Es decir, ambos decretos son medidas migratorias restrictivas.

Esa limitación camuflada se podría describir como “políticas de ‘control con rostro humano’” (Domenech, 2013). En Sudamérica se la empezó a aplicar en la primera década del 2000 al conformar el régimen mundial de control de la migración y a centrarse en la migración irregular. En esencia, las medidas chilenas utilizan un lenguaje inclusivo; no obstante, apuntan a resultados restrictivos en materia de política inmigratoria. En un artículo recién publicado en Latin American Policy evaluamos las decisiones del gobierno chileno en relación con la inmigración, en consonancia con la ola restrictiva de gobernanza migratoria en la región.

LA GOBERNANZA DE LA INMIGRACIÓN

En 2016 Sudamérica comenzó una transformación hacia una gobernanza migratoria más restrictiva. El punto de inflexión fue el cambio discursivo en Argentina sobre la inmigración, durante la administración de Mauricio Macri. Así, por ejemplo, los líderes de Argentina, Brasil y Chile empezaron a culpar a los inmigrantes de diversos problemas sociales, estableciendo un vínculo entre la inmigración y la seguridad para justificar una gobernanza migratoria restrictiva.

Los cambios ejecutados en 2018 por la administración de Piñera en la política inmigratoria incluyeron un proceso de regularización y un proceso de visado para haitianos y venezolanos; además de una propuesta de ley de migración para reemplazar a la Ley de Migraciones de 1975. Los decretos entraron en vigor al poco tiempo después de emitidos. El proceso de regularización se planificó para el período comprendido entre julio de 2018 y julio de 2019, durante el cual postularon 155 mil personas; entre ellas, 85 mil recibieron su visa. Después de una extensión, la regularización extraordinaria concluyó el 22 de octubre del 2019. De un estimado de 300 mil a 500 mil personas en situación irregular, se inscribieron un total de 155.483 solicitantes, de los cuales el gobierno autorizó 131.399 visados temporales, aunque la cifra definitiva de visados recibidos fue excluida en el anuncio oficial de enero 2020 del Departamento de Migración y Extranjería.

APUNTANDO A HAITIANOS Y VENEZOLANOS

Los residentes de Chile nacidos en el extranjero constituían menos del 1% de la población total en los años 90, menos del 3% en 2015 y entre el 5,5 y el 6,5% en 2018. El Censo de Chile de 2017 reveló que Colombia y Venezuela eran los nuevos países de mayor procedencia, junto con los haitianos que representaban alrededor del 14% de los extranjeros. Chile ha reaccionado a los repuntes de estos flujos migratorios apuntando solo a los haitianos y venezolanos. Esa estrategia, o mecanismo de selectividad hacia algunas nacionalidades en específico (y no a otras), refleja un error de la política del pasado: Chile había expedido un visado similar en 2012, dirigido a los dominicanos, el cual fracasó. En lugar de reducir la inmigración, el visado desreguló el proceso migratorio, generando trata de personas, entrada irregular y exclusión del mercado laboral formal (Thayer, 2019[2]). Dichos resultados surgieron porque la movilidad humana continua, pese a barreras ‘burocráticas’ migratorias, y por ende la gente sigue cruzando las fronteras, residiendo en un país y continúan trabajando, sin los derechos formales a la participación plena en la sociedad.

Para los haitianos, Chile introdujo una visa de turista, complicando la visita de familiares de inmigrantes residentes procedentes de Haití. Esta visa debe obtenerse antes de la salida y requiere estados de cuenta bancarios, una verificación de antecedentes penales legalizada y una reserva de hotel o carta de invitación notariada. Para aquellos haitianos que desearon aplicar a la reunificación familiar, se dispuso de 10 mil “Visas Humanitarias”. Comparativamente, el Censo de 2017 mostró que más de 100 mil haitianos llegaron a Chile, entre 2017 y 2018. Con una duración de 12 meses (renovable una vez), la visa parece inapropiada para la reunificación de aquellas personas separadas de sus cónyuges o hijos, siendo la denominación “humanitaria” solo un nombre. Estas ofertas de visado, sumadas a un Plan Humanitario de Regreso Ordenado dirigido a los haitianos, parecen alentar a los residentes haitianos a regresar a Haití, en vez de buscar trasladar a su familia a Chile.

En el caso de los venezolanos, con la “Visa de Responsabilidad Democrática” Chile ha añadido trabas a su ingreso al país, aumentando la burocracia pre-migratoria para reducir su inmigración. Esta visa no solo se puede percibir como un signo de preocupación por la situación no-democrática de Venezuela, sino también como una muestra de cómo el gobierno de Piñera se posiciona en la región: un país líder y democrático. Junto con los 30 dólares que cuesta obtenerla, la visa exige un pasaporte y una verificación reciente de antecedentes penales emitidos desde Venezuela, ambos difíciles de conseguir, dada la crisis actual. Bajo este escenario, ¿es democráticamente responsable crear un proceso de visado, que anteriormente había estado ausente, para individuos de la región que están huyendo de un Estado fallido? 

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