Columnas

8 de noviembre de 2019

Entre las furias y las esperanzas: cuando unos pocos acumulan riquezas, el resto acumula rabia

Por Juan Carlos Medel

Lo raro es que no haya explotado antes. Sueldos de país pobre; precios de país rico. Luego se preguntan por qué de la violencia. Son décadas de frustraciones, acumulando rabia. El fraude neoliberal y las furias que engendra. El denominado “lumpen”, un producto directo del modelo económico heredado de la dictadura y profundizado por la clase política durante los últimos 30 años, azota las calles de Santiago y Chile entero. Cosechen lo que sembraron. Con todo esto, dicha violencia callejera palidece en comparación a la brutalidad desplegada por los agentes del estado a lo largo de todo Chile.

Después de numerosas jornadas de protestas a nivel nacional desde que se decretó el estado de emergencia el gobierno no ha ofrecido absolutamente nada concreto. Ya van más de 20 muertos con toque de queda incluido en las ciudades más grandes del país. Piñera y su equipo de gobierno, que han demostrado una incapacidad notable para leer los acontecimientos, se aferran a la espera del agotamiento de las protestas. Gran parte de la sociedad chilena ha optado por seguir en las calles, presionando en cada ciudad del país, desaf iando primero el estado de emergencia y  luego el llamado a la normalidad de parte del gobierno, cuyas medidas demuestran no entender realmente la dimensión de lo que está sucediendo.

Por su parte, una parte de los medios de comunicación nacionales asegura que los millones de chilenos y chilenas en las calles quieren cambios pero no saben muy bien qué tipo de cambios quieren. Falso. La mayoría de las chilenas y chilenos tienen muy claro cuáles son sus demandas. Son muchas y variadas. Sin embargo, hay al menos tres que son estructurales y que son la base para todos los otros cambios que nuestra sociedad necesita: primero, un asamblea constituyente para crear una nueva constitución que reemplace a la actual, creada por la dictadura, profundamente antidemocrática y marco legal para la desigualdad en Chile. Dicha nueva constitución debe permitir la renacionalización de nuestros recursos naturales para el desarrollo del país. Segundo, una reforma tributaria profunda que afecte directamente a los sectores más ricos del país. Subir los impuestos al patrimonio, a la renta, y a las utilidades de las empresas más poderosas del país, es fundamental para financiar los cambios sociales en salud, educación, vivienda, transporte público, servicios básicos, etc. Tercero, abolir las AFP, instituciones responsables de las miserables pensiones que afectan transversalmente a la sociedad chilena. Dichas AFP son parte fundamental del proceso de acumulación y concentración de capitales en Chile, a través de la usurpación mensual del trabajo de las chilenas y chilenos. Son, de esta manera, uno de los resortes principales de la máquina. Las AFP son así el núcleo del modelo económico que reproduce las desigualdades en el país y deben ser reemplazadas por un nuevo sistema que garantice pensiones que, en el peor de los casos, no sean menores al sueldo mínimo. Estas tres demandas aparecen constantemente en las marchas y protestas a lo largo del país. La sociedad chilena sabe lo que quiere.

Frente a estas demandas el gobierno reacciona con acciones propias del gatopardismo político. Cambiar todo para que nada cambie. Los mismos de siempre. Ricos y millonarios gobernando Chile, provenientes de la misma clase social responsable de todos los problemas que afectan a la sociedad chilena; provenientes de los mismos colegios y de las mismas universidades. Mismos apellidos, mismas familias. Da para pensar que nada cambiará en éste gobierno. El objetivo para los movimientos sociales, parecer ser, es crear una agenda de cambio social clara y concreta, un programa político de cambios estructurales para el próximo gobierno, aquel que nacerá a la luz de las actuales movilizaciones sociales a lo largo del país. Con el cambio de gabinete al Presidente se le comienzan a agotar las balas, ya le quedan muy pocas. Su gobierno se niega a escuchar las demandas populares. Parece no reconocer a la sociedad chilena como un interlocutor válido. En consecuencia, el gobierno actúa de forma irresponsable e insensible a las demandas sociales, siguiendo adelante con su reforma tributaria que les ahorrará más de 800 millones de dólares a los más ricos, limitándose solamente a la condena de una violencia que precisamente el gobierno y el modelo económico que defiende  hacen posible.
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