Columnas

25 de noviembre de 2019

La nueva “casa común”: la hacienda patronal, el inquilinaje, y los allegados

Por Juan Carlos Medel

Han pasado días del acuerdo entre la mayoría de los partidos políticos para una nueva Constitución y la televisión chilena nos muestra una y otra vez a los líderes de dichos partidos vanagloriándose de aquel acuerdo, resaltando el tremendo “esfuerzo” que hicieron, describiendo supuestas horas épicas de negociaciones, voluntades generosas que cedieron más que nunca por el bien de todos. ¡Cuánto altruismo! Algunos de estos políticos, como Francisco Vidal, la mañana del viernes ya se postulaban para la eventual Convención Constituyente, demostrando, además de un oportunismo vergonzoso, no entender nada de lo que se demanda en las calles de Chile. Otros, como Jacqueline Van Rysselberghe, ya anunciaban que votarían que no a la nueva Constitución, evidenciando de esta manera que se opone de plano a todo cambio estructural en Chile. Felipe Harboe, por su parte, ofrecía un relato casi heroico del mencionado acuerdo, sin hacer ninguna referencia a la notable ausencia de representantes de las organizaciones sociales de base que han liderado el movimiento social a lo largo del país. En otras palabras, pareciera que la clase política sigue sin comprender el corazón de la crítica articulada a través de la protesta callejera: que gran parte de la sociedad chilena ya no les cree, que no poseen legitimidad, y que los cambios que el país reclama no pasarán por ellos.

Si bien es cierto avanzar hacia una nueva Constitución representa un paso importante en las luchas sociales y políticas después de (y gracias a) un mes de protestas (ya que podría redefinir el rol del Estado, entre otras cosas), para gran parte de la sociedad chilena el acuerdo firmado hace unos días por la clase política está lleno de trampas. La más importante es el quórum de 2/3, ya que la derecha chilena, que históricamente se ha opuesto a los cambios estructurales que el país tanto necesita, siempre ha obtenido al menos el tercio suficiente para bloquear dichos cambios. Por lo mismo, 3/5 (60/40, que en ningún caso representa una mayoría simple, sino más bien una mayoría sólida y contundente) es sin dudas el quórum que permitirá llevar a cabo los cambios demandados por la sociedad chilena.

A todo ello se debe agregar que la única forma plenamente democrática de redactar una nueva constitución sigue siendo la Asamblea Constituyente, con 100% de delegados/as elegidos exclusivamente para redactar la carta fundamental. ¿Cómo serán elegidos dichos delegados? ¿Provendrán en su mayoría de los partidos políticos tradicionales, aquellos que ya no poseen legitimidad ante los ojos de la mayoría del pueblo chileno? ¿O serán más bien representantes de las organizaciones sociales de base (poblacionales, indígenas, estudiantiles, feministas, trabajadores, ecologistas, minorías sexuales, etc.) que buscan democratizar el país desde abajo? Esta última opción representa el camino a seguir. Así, aquellas chilenas y chilenos que llevan años liderando dichas organizaciones aparecen como los únicos representantes con sensibilidad social, legitimidad política, y apoyo popular para formar y  liderar una Asamblea que, en ningún caso, necesita estar dominada por abogados constitucionalistas, tecnócratas, o “expertos”.  Estos dos últimos ya han demostrado con creces su incapacidad para resolver las demandas ciudadanas.

Por último, cabe recordar que la nueva Constitución es fundamental para lograr los cambios demandados, pero no es el único aspecto. Aún la clase política no ha abordado el problema de las AFPs, núcleo del sistema de concentración de capitales y componente esencial de la desigualdad económica en Chile. Si la clase política se niega de plano a la abolición de las AFPs, ¿por qué no preguntarles a las chilenas y chilenos si quieren o no más AFPs? ¿No sería ése un verdadero ejercicio democrático? Sumado a esto, los partidos políticos todavía no ofrecen una reforma tributaria que realmente extraiga sumas considerables de los sectores más poderosos del país, que vaya más allá de un impuesto al patrimonio, apuntando hacia la renta de los más ricos y las utilidades de las empresas de aquellos sectores que concentran la riqueza nacional.

Todo esto nos invita a pensar en que habrá que trabajar duro para que la nueva “casa de todos” no termine siendo una versión postmoderna de la antigua hacienda patronal, donde unos pocos eran los dueños de casa, mientras muchos otros, los inquilinos, tenían que trabajar duro para poder sobrevivir sin casa propia, diseminando generaciones de allegados que se expanden por Chile hasta el día de hoy. En otras palabras, aún quedan muchas luchas por librar y si hay algo claro que podemos aprender de las experiencias del último mes, es que dichas luchas rinden fruto sólo cuando se llevan a cabo en las calles.

Ver en El Mostrador

En Portada

cerrar