Columnas

26 de mayo de 2020

La política económica frente al COVID-19 en Chile y el mundo

Por Jorge Atria, Vicente Inostroza y Alfredo Joignant

Esta columna revisa en detalle lo que se ha hecho en Chile para proteger a las empresas y los trabajadores; y lo compara con las políticas que se despliegan en el mundo. El resultado es un muy informativo retrato sobre las herramientas que se están usando hoy en distintas latitudes: desde países que niegan ayuda a empresas que tributan en paraísos fiscales, a aquellos que estudian impuestos permanentes para el 0,1% más rico; desde países que revisan el rol de su banco central para que ayude a generar empleos, hasta aquellos que ya están organizando sistemas de alimentación nacional pues “la hambruna puede convertirse en la próxima pandemia que enfrenten las sociedades”. La exploración que ofrecen los autores tiene una finalidad central: invitar “a pensar las políticas económicas actuales de cara a los desafíos del futuro”.

La pandemia del COVID-19 que se expande a nivel global y las medidas sanitarias asociadas han llevado a los países a presentar una serie de políticas destinadas a mitigar sus fuertes efectos económicos. El FMI ha pronosticado para 2020 una caída de -3% de la economía mundial y de -1% para las economías emergentes. Para Chile se proyecta una caída incluso mayor, de un -4,5%, la peor desde la crisis de 1982-1983.

Dada la gravedad de la situación, los países se han visto obligados a ensayar soluciones de política poco convencionales. Muchas de ellas habían comenzado ya a discutirse en el marco de la crisis financiera de 2007-2008, y en el contexto de crisis climática que enfrenta la humanidad. Así, esta “triple crisis del capitalismo” como la denomina Mariana Mazzucato –como pandemia, como crisis económica y como crisis climática– plantea un escenario propicio para discutir no sólo las mejores políticas para salir de la emergencia actual, sino de manera más general, para prefigurar lo que será una transformación sustancial de cómo pensamos la economía, la sociedad y la democracia en la post-pandemia. Esta columna constituye una invitación a pensar las políticas económicas actuales de cara a los desafíos del futuro, y en ese sentido, una invitación a ampliar las fronteras de lo posible.

CUÁNTA HAMBRE

Las medidas sanitarias establecidas producto de la pandemia –cuarentenas obligatorias, cierre de fronteras, de establecimientos educacionales y empresas– ha tenido enormes repercusiones humanas, sociales y económicas, disminuyendo la seguridad alimentaria, el acceso a servicios básicos y el dinamismo de la economía. La hambruna durante y posterior al coronavirus puede convertirse en la próxima pandemia que enfrentan las sociedades. En efecto, el Programa Mundial de Alimentos estima que las personas que padecen hambre podrían duplicarse a nivel global si no se toman las medidas necesarias.

El hambre en tiempos de cuarentena lleva a conflictos económicos y sociales que tensionan las medidas sanitarias necesarias para evitar la propagación del virus. Según un informe reciente de la CEPAL, la desigualdad y la pobreza en sus múltiples dimensiones aumentarán en toda América Latina, dada la masificación de la precariedad laboral. De este modo, existen altas probabilidades que la hambruna se profundice debido a las cada vez más extremas condiciones de vulnerabilidad socioeconómica que conlleva la pérdida de empleos en contextos de alta informalidad.

La situación socioeconómica ha llevado a tensiones y protestas que se han ido incrementando con la extensión de las cuarentenas: el símbolo de los trapos rojos en las ventanas (Colombia), disturbios sociales en la comuna de El Bosque (Chile) y en la ciudad de El Alto (Bolivia), o protestas de organizaciones sociales en Argentina. Los lemas se repiten: “por una cuarentena sin hambre” o “con hambre, no hay cuarentena”.

¿Qué medidas han adoptado los Estados? Estas se pueden dividir en dos tipos: recursos monetarios para seguridad alimentaria y entrega directa de alimentos.

Por ejemplo, el gobierno de Argentina está extendiendo la cobertura del beneficio “Tarjeta Alimentaria” a más de un millón de familias, con la posibilidad de aumentar el monto en zonas más pobres debido a la inflación alimentaria.

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