Columnas

16 de enero de 2020

Radicalización pingüina

Por Carlos Meléndez

El boicot contra la PSU -la prueba de calificación para el ingreso a la educación universitaria- de parte de organizaciones de estudiantes secundarios aporta más evidencia sobre el nivel de radicalización política de un sector de jóvenes chilenos. Llama la atención el hecho de que un grupo no menor de la población chilena se socialice políticamente desde muy temprana edad en posiciones tan firmes y con una vocación de involucrarse en medidas de protesta disruptivas. Más allá de los entornos de socialización primaria tradicionales como la familia, son las instituciones educativas los principales agentes de formación de estas posiciones políticas e ideológicas que en el caso chileno -a diferencia de otros países latinoamericanos- toman una vertiente radical, tanto en fundamento como en nivel de protesta. Es en la escuela, sobre todo secundaria, donde los jóvenes asumen políticamente posiciones sobre issues divisores socialmente y politizados -como lo desigualdad y el aborto, por referir a dos de las causas más movilizadas en los últimos años.

Las ramas de los partidos políticos que tradicionalmente se involucraron en la politización de la juventud escolar -las Juventudes Comunistas, Juventud Socialista- no tienen la capacidad de dirección de antaño y también parecen desbordados por la dinámica de la protesta estudiantil. Esa distancia y desconcierto que vemos a nivel nacional entre los partidos del establishment y la movilización social también se reproduce en la arena de la política de la educación secundaria. Por lo tanto, los agentes de socialización política realmente influyentes pasan menos por los cánones de la política partidaria, sino por un radicalismo antipartidario que ni las propias organizaciones formales de estudiantes pueden controlar.

Si bien el boicot a la PSU fue organizada por la ACES -de influencia troskista- y el intento de toma en el Demre por la CONES -de ascendencia política más transversal-, estas medidas son, en realidad, una reacción dirigencial a una agitación social anómica en sus propias bases. Recordemos que el estallido social iniciado en octubre fue gatillado por las evasiones de Metro de estudiantes secundarios autoconvocados, que no respondían a directrices particulares de sus “representantes”. Estamos pues ante un sustrato social juvenil -entre 14 y 18 años- politizado en posiciones y modalidades de protesta radical que desbordan no solo a los agentes que tradicionalmente operaban en esta arena sino también, al menos episódicamente, a sus propias dirigencias.

Como sabemos, la movilización política de estudiantes secundarios no es reciente, pero quizás desde los alzamientos de “los pingüinos” en el 2006 y en el 2011 ha seguido un patrón que afianza su radicalismo. La novedad, en el actual escenario, es que la dirigencia -tanto partidaria como social- para evitar ser desbordada del todo por el ímpetu de sus bases, extrema aún más sus posiciones y sus modalidades de protesta.

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