Columnas

29 de octubre de 2019

Radicalizar la democracia

Por Rodrigo Cordero y Gonzalo Muñoz

Vivimos un momento autoritario. Lo vivimos precisamente ahora, cuando se manifiesta, como pocas veces en nuestra historia, la fuerza ciudadana de la democracia. Cuando, reunidos en calles, barrios y plazas, comienza a adquirir forma la demanda por una redistribución radical del poder político y económico. Cuando las personas, agotadas de ser espectadores de una élite que no las considera como sus iguales, se revelan contra una democracia fundada en el miedo a la democracia. Cuando los ciudadanos, fatigados por un orden cuyas normas les exigen vivir al límite de sus capacidades, dicen basta.

Este momento autoritario se expresa, por supuesto, en la autoridad de las armas del Estado desplegadas en las calles. De las armas dirigidas a los pobres por su delgado compromiso con el “orden público” y el “estado de derecho”, y a los jóvenes por no saber controlar racionalmente sus “rabias” y “pulsiones”. De las armas que emplea la “autoridad” para transformar reclamos de justicia en un asunto policial, para construir un enemigo interno que no existe o que imaginan viniendo de otros mundos a destruir el suyo.

Pero el momento autoritario también se nutre de otras fuentes empotradas por largo tiempo en nuestra sociedad. De la autoridad del privilegio de una élite que, acostumbrada al goce de sus prebendas, se rehúsa a renunciar a lo que consideran como propio. De la autoridad de reglas, leyes e instituciones que, ajustadas a la medida de un puñado de intereses corporativos y convicciones de clase, moldean y aprietan la experiencia cotidiana de los individuos. De la autoridad de analistas y expertos de moda que, seguros de los oídos que los escuchan, evangelizan con diagnósticos acerca de los pesares de nuestra modernidad capitalista. De la autoridad de la nación que, como garantía última de una comunidad hace rato fracturada, se cuela estratégicamente por las pantallas para estigmatizar y moralizar con el valor de la unidad.

Este momento tendrá que dar paso a otro. Esta certeza, sin embargo, nos confronta con la incertidumbre y el problema de tener que imaginar colectivamente y construir políticamente el horizonte de otro ordenamiento social. ¿Qué atributos, ideas, formas nutrirán ese nuevo orden de cosas?

Resulta absurdo atribuirse la autoridad de responder a tamaña pregunta, pero vale la pena avanzar preguntándonos por el orden que hemos construido en las tres últimas décadas.

Hemos construido grandes carreteras para desplazarnos y conectarnos. Hemos construido colosales supermercados para alimentarnos y agasajarnos. Hemos construido innumerables cárceles para encerrar nuestros miedos e ilegalidades. Hemos construido modernas clínicas para sanar nuestros cuerpos. Hemos construido centros comerciales para consumir y merodear en el tiempo libre. Hemos construido universidades y escuelas para que nuestros hijos se formen y distingan. Hemos construido ciudades que miran al cielo para acomodar a todos los que puedan…

La verdad es que el uso del “plural” es un eufemismo. Nada de esto lo hemos construido ni decidido colectivamente. Algún sociólogo perspicaz acudirá a la literatura para decir, con razón, que “la sociedad no es simplemente lo que elegimos que sea y queremos hacer de ella en cada generación, porque genéricamente la sociedad es aquello que nadie desea en la forma exacta en que la encuentra”. Pero quizás sea por esta misma razón que lo devastador del actual momento no es que nos hayamos dado cuenta de que tenemos una sociedad que no se adecua al ideal de nadie. Lo devastador es que hemos comenzado a aquilatar los costos humanos que tiene haber suspendido, desplazado y silenciado la pregunta misma acerca de la forma de la sociedad.

Por ello, salir del momento autoritario –de su expresión militar más inmediata y de sus raíces más extendidas– demanda reinstalar con fuerza la pregunta acerca de la forma de la sociedad. Esto no es un ejercicio meramente intelectual, sino que un proceso profundamente político. Aunque la pulsión de la clase política sea buscar respuestas para la crisis convocando a distinguidos intelectuales o buscando acuerdos parlamentarios expeditos (algo muy propio del momento que debiera terminar), romper el ciclo de abuso de poder en el que hemos estado envueltos obliga a radicalizar la democracia.

Radicalizar la democracia supone transformar nuestras instituciones estatales – nacionales y territoriales – con un horizonte normativo igualitario. Supone desplegar una alta dosis de imaginación política para crear mecanismos de corto y largo plazo que desconcentren el poder, promuevan la deliberación y decisión ciudadana en varias escalas y formas. Supone abrir el espacio para poner en marcha un proceso constituyente que reconfigure las reglas de nuestra convivencia. Alguna vez Friedrich Hayek comentó a Pinochet que “la democracia solo puede mantener una sociedad de hombres (sic) libres siempre y cuando la mayoría no pueda tener el poder de dar forma a la sociedad”. Pues bien, debemos romper con las condiciones que han permitido que el hechizo de esa máxima haya perdurado tanto tiempo.

Radicalizar la democracia supone redistribuir de una manera sustancialmente distinta la riqueza que el país posee y produce. Supone un compromiso normativo con un conjunto de garantías esenciales (salud, educación, pensiones y vivienda) que no pueden quedar a la contingencia del azar, el arbitrio de la caridad o el emprendimiento personal. Supone definir un nuevo modelo tributario a partir del cual se abra una discusión que permita explorar otras formas de propiedad y modelos alternativos de producción. Hace pocos días el presidente anunció un paquete de medidas que ofrece mejoras a las condiciones materiales de vida a los grupos más vulnerables. Pues bien, no hay posibilidad de radicalizar la democracia si seguimos atados a la vieja lógica subsidiaria y si no nos abrimos a repensar el valor de la economía en la vida social.

Radicalizar la democracia supone también apreciar que el valor de esta democracia debe nutrirse de un sistema educativo que contribuya a la formación de ciudadanos y no sólo de trabajadores. La escuela es el primer espacio para construir la sociedad justa y democrática a la que debiéramos aspirar. Esto obliga a pensar seriamente la desmercantilización de la experiencia educacional, el fortalecimiento de la educación pública y la creación de un nuevo ordenamiento institucional que termine con la estructura de clases en la que está organizado nuestro sistema educativo en todos sus niveles. Implica también repensar democráticamente y sin complejos el currículum y los objetivos de aprendizaje de la educación obligatoria, cuya discusión ha estado encapsulada y monopolizada por un grupo minúsculo de actores políticos y educacionales en las últimas décadas.

Radicalizar la democracia es una forma de poner fin al momento autoritario, pero también una forma de mantenerse atentos a sus regresos y reinvenciones. Radicalizar la democracia debería ser una pieza fundante de lo que se ha denominado un “nuevo pacto”. En esta coyuntura, las fuerzas políticas existentes no pueden atribuirse una posición de privilegio para conducir este proceso; deben recordar que la ausencia de legitimidad del sistema político es su principal piedra de tope. Deben abrirse a participar en un dialogo simétrico con las organizaciones sociales y ciudadanas. Ello sin duda requiere tiempo, recursos e imaginación. En el corto plazo, el riesgo de un cambio superficial dentro de los marcos del momento autoritario es evidente. Hay muchas “autoridades” ocupadas de que así sea. Sostener, proyectar y profundizar la movilización es por lo mismo más relevante que nunca.

*Rodrigo Cordero, Facultad de Ciencias Sociales e Historia, UDP.

*Gonzalo Muñoz, Facultad de Educación, UDP.

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