Columnas

11 de abril de 2019

Radiografía al débil control de los conflictos de interés de los parlamentarios

Por Claudio Fuentes

¿Qué motiva a un congresista a votar a favor o en contra de un proyecto de ley? Cuatro son las determinantes del voto parlamentario que suelen mencionarse: posición ideológica,  disciplina partidista, presiones de grupos de interés -sean electores de sus distritos o empresarios que financiaron sus campañas- y, finalmente, los intereses individuales que cada congresista tiene en virtud de su patrimonio y el de su familia.

En esta oportunidad analizaremos esta última dimensión, la que está directamente relacionada con el modo en que se regula el conflicto de interés de un congresista. Al respecto, resulta perfectamente plausible asumir que, expuesto a decisiones que afectan el interés general,  muchas veces los individuos decidimos en virtud de nuestros propios intereses particulares. Y aquello no debería ser muy distinto en la esfera pública.

De ahí la relevancia de conocer cuáles son los intereses que tienen las autoridades públicas y de poder regular del mejor modo posible potenciales conflictos de interés que podrían afectar relevantes decisiones de política pública.

Un ejemplo. Si se discute un proyecto de ley sobre pensiones, impuestos aplicados a un rubro específico o agricultura, resulta crucial determinar si en las decisiones de los congresistas prevalece el interés general o, por el contrario, votan  en función de sus intereses particulares.

Esta arista de fiscalización pública reviste mayor importancia en sociedades desiguales, donde quienes alcanzan el poder suelen formar parte de una elite que concentra el poder político y el poder económico. Como el costo económico de obtener un asiento en el Congreso es demasiado alto, aquellos que adquieren la categoría de representantes generalmente tienen condiciones de privilegio, lo que está determinado por su patrimonio personal y/o familiar.

Por lo tanto, preocuparse sobre los conflictos de interés no solo es una necesidad democrática,  sino que en sociedades como la chilena es altamente probable que este tipo de conflictos se produzcan persistentemente.

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DECLARACIONES DE PATRIMONIO EN EL CONGRESO

Con el objeto de identificar los intereses económicos potenciales de los congresistas, revisamos las declaraciones de patrimonio e intereses que se encuentran disponibles en la Cámara de Diputados y el Senado. Tomamos la actualización más reciente que hicieron los propios representantes (2018-2019), extractando de ellas la participación en sociedades comerciales  y acciones en empresas de los 198 representantes de ambas cámaras.

Excluimos las declaraciones de parientes y las sociedades que se encuentran en disolución o sin movimiento. También dejamos fuera las comunidades sin giro ni RUT. Por lo tanto, observamos las empresas o acciones en las que directamente el congresista ha invertido parte de su patrimonio y que se encuentran activas, lo que hace el potencial conflicto de interés más directo.

¿Qué nos muestra este ejercicio?

En términos generales, los congresistas contabilizan un total de 196 sociedades o acciones en empresas, de las cuales 125 se vinculan con diputados y 71 con senadores. Analizado de otro modo, el 43,9% de los diputados (68 de 155) y el 53,5% de los senadores (24 de 43) participan al menos en una sociedad o tiene acciones en empresas (ver cuadros con los resultados del estudio del Laboratorio Constitucional UDP).

Al observar esta misma información por coalición, se advierten diferencias muy significativas. Mientras el 65,2% de los diputados de Chile-Vamos participa al menos en una sociedad o tiene acciones en empresas, aquello se reduce más de la mitad en el caso del Frente Amplio (30%) y de los diputados de la ex Nueva Mayoría (22,8%). En el Senado la diferencia es todavía más pronunciada: el 84,2% de los senadores de Chile-Vamos participa en al menos una sociedadmientras que en la ex Nueva Mayoría la cifra baja al 33,3% de sus representantes. El único senador del Frente Amplio no registra participación en empresas.

Otro dato que se advierte es que la gran mayoría de los parlamentarios que declararon sociedades o acciones son hombres: un 83,8% en la Cámara de Diputados y un 83,3% en el Senado. Esta brecha repite el patrón ya conocido de las desigualdades patrimoniales entre hombres y mujeres en Chile y que se reproducen entre los y las representantes en el Congreso.

Analizado por partido, los diputados que concentran mayor participación en al menos una sociedad o que poseen acciones, son los de Evópoli (100%), la UDI (63,3%) y RN (61,1%). Respecto del Senado, la secuencia es: Evópoli (100%), RN (87,5%), la UDI (77,8%) y la DC (60%).

Al momento de analizar los posibles conflictos de interés de los parlamentarios, particular importancia tienen los rubros o giros de las sociedades en que participan. Al respecto, el vínculo de negocios mayor se asocia con el ámbito de las inversiones y la asesoría a empresas; el giro inmobiliario y de construcción, comercio y la actividad agrícola.

El análisis realizado nos permitió constatar una gran gama de rubros en los que los parlamentarios han decidido invertir. Esto podría llegar a tener un impacto en las decisiones que toman los congresistas en sectores tan variados como el retail, el sector financiero, todo aquello relacionado con desarrollo inmobiliario y construcción, hasta temas de farmacias, salud, eléctricas, cultura y agricultura.

Además, algunos congresistas registran participación societaria en, por ejemplo, estudios jurídicos. Un vínculo patrimonial que abre ventanas a un sinnúmero de eventuales conflictos de intereses. Por ejemplo, si un estudio jurídico –en el que participa un parlamentario- asesora a un sector económico que está siendo objeto de nuevas regulaciones por parte de los legisladores, ese vínculo no es explícito  y es difícil de rastrear.

Cabe advertir que también se constatan desigualdades en la magnitud de estas inversiones. Por ejemplo,  el ranking de sociedades y acciones lo encabeza el senador Rodrigo Galilea (RN, 15 sociedades y acciones declaradas), seguido del diputado Pablo Kast (Evópoli, nueve), el senador Juan Antonio Coloma (UDI, ocho). A continuación, con un registro de seis sociedades o acciones le siguen los congresistas Pablo Lorenzini (DC), Patricio Melero (UDI), Juan Castro (RN) y Felipe Kast (Evópoli). De esta forma, algunos congresistas concentran potenciales conflictos de interés en un gran número de sectores, mientras otros se encuentran focalizados en ámbitos más específicos y acotados.

La magnitud de las inversiones también presenta considerables diferencias. El senador Rodrigo García (RN) presentó una declaración con 15 participaciones en empresas  y acciones dentro y fuera de Chile,  y en un amplio espectro de giros que incluyen inmobiliarias, sector agrícola, inversiones y construcción. La senadora Ena von Baer (UDI), en cambio, presentó dos declaraciones de participación en empresas que también son cuantiosas, pero en el rubro específico de la agricultura y el negocio de semillas. Otros parlamentarios incluyen su participación en menos actividades empresariales  y concentradas en el rubro de las consultorías: ejemplo de ello son los diputados Alexis Sepúlveda (PRSD), Félix  González(PEV) y Camila Flores (RN).

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